Planificación destacó el valor del fallo que rechazó la demanda ante el CIADI y convocó a la empresa Metrogas para renegociar el contrato.
“Este fallo confirma lo que nunca debió estar en discusión y que es que las disputas deben resolverse en el país donde se han realizado las inversiones”, sostuvo Julio De Vido en el mismo comunicado de prensa en el que además se confirmó la intimación a que la empresa “se presente ante la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren)”.
El laudo arbitral del principal accionista de Metrogas fue siempre la escusa para dilatar la renegociación de su contrato de licencia. De hecho, actualmente es la única empresa licenciataria del servicio de distribución de gas natural que aún no ha entrado en este proceso de renegociación.
La empresa British Gas, en su carácter de accionista mayoritaria de Metrogas, había acudido a tribunales exteriores en 2007 con una demanda por 185 millones de dólares (que sumado los intereses ascendió a 240), por la pesificación de sus deudas y tarifas en 2002. La Corte de Apelaciones de Washington rechazó el reclamo, luego de que el BG Group había obtenido hace cuatro años un fallo favorable en la Uncitar, un tribunal de las Naciones Unidas sobre cuestiones comerciales.
La Corte de Apelaciones explicó en su reciente fallo que según el Tratado Bilateral de Inversiones Argentino-Británico, las disputas entre inversores deben tratarse, en una primera instancia, en los tribunales del país demandado y esperar 18 meses antes de llevar el caso a una corte arbitral. Mark Todd, vocero de compañía, salió a decir desde la sede central en Londres, que British Gas está revisando el fallo.
Como sea, el sorpresivo dictamen de Washington para la Argentina (la cuestión volvió a fojas cero) además podría sentar precedentes para otras causas contra el país que siguen en el CIADI (el tribunal arbitral de protección de inversiones del Banco Mundial), que se sustentan sobre los acuerdos bilaterales. Esos convenios “resignaban soberanía”, definió De Vido.
El 70% de Metrogas pertenece al Consorcio Gas Argentino, que está integrado en un 54,67% por British Gas y el restante 45,33 por Repsol-YPF. Tras la debacle económica de 2001 y posterior pesificación, el grupo controlante dispuso radicar una demanda ante el Uncitar. Allí, según analizó el Gobierno, se esperaba una “inevitable” condena.
“Lo grave es que debimos asumir como país la representación judicial en esa instancia arbitral, cooperando en el ofrecimiento de pruebas para demostrar la razonabilidad de nuestras decisiones soberanas”, agregó De Vido.
El cruce entre Metrogas y Gobierno viene desde hace años. En 2008 la firma comenzó a ejercer presión para que le autoricen un aumento de tarifas, pero la postura desde el ente regulador y desde Planificación fue negarse a cualquier movimiento hasta que la empresa acceda a renegociar con el Uniren.
Entonces, ya en 2009 el Ejecutivo nacional ponía como condición para hablar de tarifas que el principal accionista de Metrogas, British Gas, bajara el reclamo ante tribunales internacionales. Al año siguiente, Metrogas envió una comunicación a la Bolsa de Comercio informando que no alcanzaría a cumplir con sus obligaciones financieras, y ese mismo día la cartera que conduce Julio De Vido intervino la compañía. A mediados de 2011 volvió a revalidar esa intervención.
Venezuela y Ecuador también prefieren la justicia local
El fallo de la Corte de Apelaciones de los EE.UU., que desestimó la demanda y consignó que la presentación tendría que haberse realizado en los tribunales argentinos, fue considerado por el Gobierno como un punto que refuerza el argumento por inversiones de que los diferendos deberían definirse en la Justicia local.
“Este fallo confirma que las disputas deben resolverse en el país donde se han realizado las inversiones”, señaló desde Caracas el ministro de Planificación, Julio De Vido.
El funcionario consideró a los tratados internacionales de inversión como instrumentos que “resignaban soberanía y que generosamente se convirtieron en ley en 1993 –al amparo de la ortodoxia neoliberal– contemplaban una indebida sumisión a una jurisdicción arbitral extranjera, que puso en riesgo nuestra propia soberanía económica y social, ya que durante todos estos años tribunales privados extranjeros juzgan decisiones soberanas que, como el régimen monetario, resultan indisponibles constitucionalmente”, según consignó el ministro, que ayer se reunió con Hugo Chávez. Ecuador fue el primer país de la región que cortó lazos con el CIADI, mientras que hoy la Unión Sudamericana de Naciones intenta consensuar un sistema que ponga a los tribunales locales como el ámbito para dirimir los diferendos con las empresas privadas, en un contexto, además, de mayor presencia de multinacionales latinoamericanas en la región.
El presidente venezolano, en tanto, anunció hace dos semanas que dejaría de obedecer a los fallos del CIADI, el Centro de Arbitraje de Controversias por Inversiones que depende del Banco Mundial.
La Argentina firmó a nivel bilateral una serie de tratados de protección y promoción de inversiones que derivan el tratamiento de cualquier diferendo comercial a un tribunal del CIADI.
Durante las administraciones de Carlos Menem se firmaron 57 tratados bilaterales de inversión. Por esas cláusulas, hoy se mantienen 17 causas contra el país en el CIADI sin laudo y otras 10 causas con laudo.
Por otra parte, en muchos casos las demandas se dieron de baja después de que las empresas arreglaran nuevas tarifas o beneficios por parte de los dos últimos gobiernos, por lo que el sistema del CIADI para muchos es extorsivo.
En relación con el fallo que desestimó la demanda de British Gas en la corte estadounidense, De Vido señaló que “la Argentina fue llevada a esa instancia de arbitraje internacional, donde se esperaba que resulte inevitablemente condenada, pues el diseño había sido instrumentado para eso”.
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