La reorganización académica e institucional de todos los Institutos de Formación Docente en los próximos cuatro años y la revisión de la estructura curricular de los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo Provincial cada cinco (5) años, como máximo, surgen como otros aportes del nuevo marco legal para la educación del Chubut.

La ley provincial de Educación VIII N° 91 fija “los lineamientos de política educativa de la Provincia del Chubut para los próximos tiempos”, según se lee en los grandilocuentes fundamentos del decreto reglamentario, donde también se reivindican los mecanismos de participación y se apela al permanente autoelogio al decirse que “expresa con claridad y profundidad el sentido colectivo de la política educativa provincial”.

El nuevo instrumento legal fue anunciado en el marco de los actos del bicentenario de la República Argentina en mayo de 2010 y sufrió un tormentoso trámite legislativo, hasta su definitiva promulgación en noviembre de ese mismo año, con un plazo de 180 días para su reglamentación, exigencia sobrepasada luego totalmente por las autoridades educativas.

Expectativas

El decreto reglamentario N° 1661/11 se suscribió el pasado 11 de octubre pero su texto completo se conoció públicamente una semana después a través del Boletín Oficial del 18 del mismo mes, ignorando las expectativas generadas entre los integrantes del sistema educativo por este complemento normativo que resulta imprescindible a la hora de la instrumentación práctica de la ley.

El proyecto de reglamentación, una demanda permanente en el ámbito de la Legislatura Provincial, ya había tenido serias reservas del bloque de la Unión Cívica Radical por sus alcances y la irresponsabilidad del Poder Ejecutivo en el trabajo comprometido, comprobándose ahora que lo esperado solo alcanza a 28 artículos del total de 120, agrupados en once títulos, con que cuenta la ley, representando el 23 % del conjunto normativo.

Calidad educativa

La creación “progresiva”, según la norma general, del Instituto Provincial de Evaluación Educativa está prevista en el artículo 114 y su reglamentación estableció ahora que funcionará “bajo la dependencia del Ministerio de Educación y su estructura organizativa y de funcionamiento será creada por ley. El proyecto de ley deberá ser presentado por el ejecutivo (sic), dentro del plazo de los 90 días posteriores a la firma del presente decreto”, agrega.

La calidad educativa ha sido uno de los principales aspectos examinados y cuestionados por la oposición legislativa, y ha sido habitualmente presentado como una despreocupación del Ministerio de Educación al priorizar la acumulación de metros cuadrados construidos y la incorporación de muebles y equipamiento como las preocupaciones prioritarias de la política oficial.

Ahora se apunta a la implementación de ese ente, integrado por “representantes del Ministerio de Educación, de la Comisión de Educación de la Legislatura, de las organizaciones del trabajo y la producción, y de las organizaciones gremiales docentes con personería y otros que se determinen como necesarios”.

Contempla asimismo un trabajo articulado con la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DINIECE) o el organismo que lo reemplace, y con las áreas responsables del planeamiento y la evaluación educativa a nivel nacional.

El Instituto será el organismo responsable de generar y establecer un sistema de Evaluación y control periódico de la Calidad del Sistema Educativo Chubutense además de, entre otras objetivos, desarrollar, fortalecer y sostener un Sistema Provincial de Información Educativa que ofrezca información oportuna y de calidad para planificar, gestionar y tomar decisiones relativas a la política educativa, y realizar el seguimiento y evaluación del desarrollo de las políticas del sistema educativo provincial, con el objetivo de medir el impacto producido por las mismas.