El proyecto de Ley de Educación que se está analizando en la Legislatura, en su artículo 238 plantea las obligaciones de los padres, madres o tutores. El apartado plantea que los responsables adultos deberán hacerse cargo de las acciones ejercidas por sus hijos o representados menores y reparar los daños materiales, morales, psicológicos o de cualquier índole causados a terceros, a miembros de la comunidad educativa o a la institución. Seguramente, este será uno de los temas que dará más discusiones, sobre todo en el ámbito de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la que se deberá establecer cómo se instrumenta este punto y qué tipo de sanciones se pueden establecer desde la Dirección General de Escuelas (DGE).

"Si bien este es un reclamo de la comunidad educativa, habrá muchos que salgan a aplaudir, y otros, más garantistas, que pidan el resguardo de los niños", sostuvo Daniel Vilches, presidente de la Bicameral de Educación. Por su lado, en el apartado que establece las obligaciones de los alumnos, se remarca el compromiso de los niños y jóvenes de conservar y hacer un buen uso de instalaciones, equipamiento y materiales didácticos del establecimiento educativo.

Entre los ejes que se están analizando, también se maneja la posibilidad de que la DGE acompañe en las causas penales al docente si este es víctima de violencia, ya que, en la actualidad, el Gobierno sólo se encarga de lo administrativo. "Los docentes también necesitan un respaldo y que alguien los defienda en los casos de violencia", señaló el senador radical. El escrito plantea, asimismo, la obligatoriedad de participar y asistir a las convocatorias institucionales y de la comunidad educativa, utilizando los canales institucionales de consulta y reclamo disponibles.

Según el legislador, esto también es una prioridad para los docentes, ya que muchos padres, pese al reiterado llamado de los maestros, no concurren a la escuela para conocer la conducta de sus hijos hasta que se llega a un punto de no retorno. El plenario en el que se abrió la discusión acerca de estos temas fue el primero en el que se reunieron las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Hacienda y Educación para discutir en torno al escrito. Durante la semana, cada comisión deberá avanzar en los aspectos planteados, pero ya se ha puesto en duda que el escrito pueda llegar a tratarse sobre tablas antes del 11 de setiembre, tal como se había acordado.

CALIDAD EDUCATIVA. El proyecto establece un sistema de evaluación y seguimiento de la calidad educativa. Los debates con respecto a qué se entiende por calidad o qué criterios se van a utilizar para determinarlo ya se comenzaron a dar. "Se han planteado diferentes posturas pero, por ejemplo, la universidad ya nos está dando una vara de medición, que es que los chicos llegan con un mal nivel", comentó el senador. La visiones de los legisladores concuerdan en establecer que la DGE no resultaría un ente objetivo para llevar adelante la medición, por lo tanto, hay quienes hablan de la creación de un observatorio o tribunal, al que se acceda por medio de concurso, que lleve adelante evaluaciones anuales o bianuales.

Otras posturas proponen que sea la universidad la que se encargue de estas tareas o, incluso, se ha manejado la opción de la contratación de consultoras internacionales. "Es muy importante evaluar los niveles que manejamos, porque el problema más grande no es dónde estamos, sino, justamente, el desconocimiento de esto. La verdad muchas veces se dibuja y si nos seguimos engañando, no podremos hacer nada para solucionarlo", advirtió Vilches, y agregó: "Hay que intentar encontrar una estrategia global que sea aceptada por todos los partidos si queremos hablar de un verdadera política de Estado".

El escrito, además, establece la incorporación de una serie de nuevos contenidos en los planes educativos. "Se ha expresado explícitamente que la enseñanza será laica pero también ha habido un acuerdo entre los bloques con respecto a sumar en los planes de estudio la sexualidad, la educación vial y de valores, pero, sobre todo, buscamos que se incentive la igualdad y la no discriminación", puntualizó.

Con respecto a los nuevos contenidos, tanto Vilches como Gustavo Cairo (Pro) han pedido que se integre el idioma inglés como obligatorio desde la salita de 4 años. "Por un motivo operativo pensamos que esto debe ser progresivo, pero creemos que ayudará a romper las barreras idiomáticas y colaborará en la igualdad a la hora de ir a buscar empleo", finalizó el senador. La ley que rige en la provincia es la 6.970, la cual propone un nivel inicial obligatorio conformado por las salitas de 4 y 5 años. Posteriormente se presenta la Educación General Básica (EGB), ciclo de 9 años de cumplimiento obligatorio. La finalización del nivel educativo formal lo conforman los polimodales con especializaciones.