on tanto, los representantes de los colegios solicitaron una audiencia con la ministra María Julia Acosta para defender su postura, y poder explicar las supuestas dificultades financieras que tienen.

En diálogo con El Esquiú.com, Herrera explicó la nueva acción que tomarán con los establecimientos educativos que intentan incrementar la cuota mensual, aduciendo problemas para afrontar los gastos.

El funcionario, detalló que los asesores del ministerio evaluaron el decreto 1485, en donde se considera que todo incremento tiene que tener previa autorización ministerial. “En principio se les dio 72 horas para volver atrás con la medida, luego en la reunión les transmití que en esta gestión la interpretación del decreto que regula los aranceles debía darse siempre con la autorización del ministerio a través de la dirección. Destacando que según el decreto, los aumentos deben darse de un año para el otro, también existe un incremento por excepción, pero no se puede dar sin autorización”.

Resaltó además que los representantes legales se mostraron sorprendidos, manifestando que “durante 20 años se manejaron incrementos dando uso a la excepción pero no sabían que no se podía aplicar”.

Auditoría

Ante esto, desde la Dirección se resolvió realizar una auditoría administrativa contable en cada establecimiento subvencionado por el Estado.

En cuanto a la auditoría a los colegios, Herrera informó que la Ley de Educación Privada prevé una visita administrativa contable, y en ese sentido se realizará un cronograma para visitar, en principio a las instituciones privadas involucradas en la “mala interpretación” del decreto mencionado.

Se conoció que los colegios subvencionados por el Estado en la provincia son alrededor de 30. Se realizará un auditoría contable, en principio, a los colegios Pía Didoménico, Rodolfo Senet, Instituto Fasta, Colegios Montessori y el Instituto Belgrano.

“Sabemos que hasta aquí se ha actuado con desconocimiento y existen las irregularidades, el objetivo es poner luz sobre cómo trabajan en las instituciones privadas”, aseguró Herrera.

Decreto

Los colegios privados basan su incremento del arancel educativo en el decreto Nº 1485 en sus artículos 11 y 12, que establece que “los establecimientos de enseñanza pública de gestión privada podrán prorratear (distribuir) entre los matriculados, en forma proporcional a los aranceles que abonan mensualmente, los incrementos salariales que sean obligados a otorgar a su persona.