Educación llamó a las direcciones de Nivel, a las áreas de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia y el municipio, y a la Defensoría del Menor, para intentar un espacio de diálogo con los estudiantes que toman edificios escolares. Se trata de resguardar su integridad, dado que permanecen en las instituciones, y de canalizar sus reclamos.
El Consejo Provincial de Educación conformó ayer un equipo interdisciplinario para intentar un espacio de diálogo con los estudiantes que están tomando edificios escolares en el marco del conflicto docente que llevan adelante las asociaciones Docentes de Santa Cruz -ADOSAC- y del Magisterio de la Enseñanza Técnica -AMET-.
Para ello, convocó a integrantes de las áreas de la cartera educativa que atienden a los estudiantes de Nivel Medio; la subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Alessia Travaini; la coordinadora de Políticas de Niñez del municipio, Alejandra Alonso; el defensor oficial ante el Tribunal de Justicia, Domingo Fernández, y el defensor de Menores de Río Gallegos, Jorge Godoy.
Desde el CPE se informó que “no se va penalizar o judicializar el derecho a la expresión de los alumnos, pero sí los organismos responsables intervendrán para resguardar derechos y en este sentido, es obligación del Estado orientar las acciones, expresiones en un marco de respeto a las normas y leyes que organizan un estado democrático”.
“Nos preocupa que estén solos en las escuelas y puedan ver perjudicada su integridad psicofísica por esta razón”, afirmó Travaini.
Seguidamente, aclaró la funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social que “no se pretende coartar el derecho al reclamo, la expresión y la participación, pero consideramos que esta modalidad de toma de colegios y de permanecer solos en ellos puede ser riesgosa para su integridad”.
Por su parte, Alejandra Alonso coincidió con la subsecretaria y señaló que “queremos acompañar a estos adolescentes para garantizar el derecho a expresarse y manifestarse desde un lugar digno, pero también para que se respete también el derecho de quien esté dando clases y de quienes quieren seguir clases”.
A su turno, la vicepresidenta del CPE, Marisa Oliva, indicó que la intención de este trabajo “es generar otras instancias de expresión y construir con ellos metodologías que sean positivas para alcanzar determinados objetivos, y no que lleven adelante acciones que puedan profundizar los problemas”.
En cuanto a las acciones que se tomarán, sostuvo que se conformó un equipo que tendrá como objetivo “escuchar, entender e identificar a los adultos que están acompañando a los niños, adolescentes y jóvenes en cada institución educativa, para que con ellos podamos encarar estos temas que hacen a sus derechos, pero también a los demás”.
Por último, el defensor del Menor, Jorge Godoy, afirmó: “Vengo a acompañar la voluntad de diálogo y de discusión que plantea el Consejo de Educación para no judicializar la protesta de los jóvenes, respetando su derecho a expresarse, pero teniendo en cuenta los derechos que son vulnerados al mantenerse estas metodologías de expresión”.
“Considero que para los chicos, al estar solos en un establecimiento educativo, existe un riesgo potencial que puede manifestarse en una vulnerabilidad de derechos”, concluyó.
En tanto, se encomendó a estos equipos “constatar que las situaciones actuales no generen riesgos o posibles vulneraciones de derechos; tomar contacto con los adultos responsables primarios de los alumnos; resguardar e intervenir por la integridad de los alumnos en cada situación particular; conformar equipos interinstitucionales; orientar a los alumnos en la construcción de estilos y modalidades de participación en cuanto a las expresiones dirigidas a reclamar por el derecho a la educación, en pos de la formación de una ciudadanía responsable, en el marco de estado de derecho organizado conforme a normas, reglas y leyes”.
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