El fiscal Marcelo Romero, a cargo de la causa que investiga presuntos delitos cometidos con la asignación de horas extras, viáticos y contratos de personal, le tomó ayer declaración testimonial al auditor general de Educación, Nicolás Grignola, al tiempo que admitió que, en el marco de esa causa, ha recibido anónimos que plantean que habría barrabravas que son ñoquis en la cartera educativa y que “serán evaluados en algún momento”, aunque por ahora no se investiga esa presunta irregularidad.
También indicó que “no hay auditorías obligatorias”, pero que supone que “hay controles en cada área”.
Sobre la investigación penal en curso, el auditor señaló que sabía del caso a través de los medios de comunicación y que no habló en forma directa del tema con la directora general de Educación, Nora De Lucía, para afirmar que “hasta el momento , en su área, no detectó irregularidades como las investigadas”.
Grignola dijo también que hacer un diagnóstico de la situación en general de un organismo es, en el caso de la dirección de Escuelas, “complejo” por tres motivos: tecnología obsoleta con sistemas vetustos, la amplitud territorial y “en el plano operativo por el conflicto que enfrentamos, con quite de colaboración en las tareas, violencia y la toma” de la sede.
El testigo además no supo contestar la cantidad de horas extras que se pueden otorgar en Educación, y dijo que en su área específica no hay “un sistema informatizado de contralor en la Auditoría, porque todo se hace a requerimiento de las áreas específicas”.
Como se sabe, el fiscal citó a declarar al Auditor y al director de Contabilidad, que declarará hoy. Además le envió tres oficios a la directora De Lucía, para que informe sobre los procedimientos vigentes para otorgar viáticos, horas extras y la concreción de contratos temporarios.
En cuanto a la asignación de horas extras , el fiscal pidió informes sobre las normas para su otorgamiento, condiciones que deben sustentar los beneficiarios, cantidad máxima autorizada, criterios y parámetros, y las autoridades legitimadas para el otorgamiento y control de las mismas, explicaron las fuentes consultadas.
Además, el fiscal quiere saber qué partida presupuestaria se destina a las horas extras, los montos por cada una, porcentajes con respecto al salario y la nómina de agentes que perciben o las percibieron, y si a raíz de los hechos denunciados por la titular de Educación se ordenó una auditoría.
Un pedido similar, con la nómina de los beneficiarios, hizo el fiscal sobre los contratos temporales de personal en Educación y sobre viáticos.
Romero decidió intervenir de oficio a partir de los dichos de la propia De Lucía.
La funcionaria afirmó que se estaban pagando horas extras a “un detenido” y “a un muerto”.
DENUNCIAS SIN DENUNCIANTE
En tanto, el fiscal explicó ayer a este diario que en la causa se recibieron una serie de anónimos, entre ellos uno que dio cuenta sobre “barrabravas de Gimnasia”, que serían “empleados ñoquis en Educación”.
En ese sentido, Romero señaló que hasta el momento no hay nada volcado a la causa sobre esa posible irregularidad, pero que los términos de ese anónimo en su debido momento serán analizados en el expediente.
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