La iniciativa exige a los desarrolladores inmobiliarios a ceder terrenos para emprendimientos sociales vinculados al acceso a la vivienda para los sectores más desprotegidos económicamente.

El empresario dijo que “aparentemente esta ley se agrega a la sesión que ya se está haciendo” (a nivel municipal) y resaltó que es “algo desproporcionado que lo único que va a lograr es aumentar más el costo de los terrenos y disminuir las ventas, el empleo y en definitiva recibir menos aportes para esa finalidad”.

El presidente de uno de los barrios cerrados más importantes de la provincia de Buenos Aires remarcó que actualmente por “cada habitante que se inscribe en Nordelta hay que ceder 10 metros cuadrados” y detalló que con más de 30 mil personas ya se han cedido 30 hectáreas.

“Lo que hace generalmente el municipio es una tasación de lo que vale la tierra en Nordelta, que a través de los años se ha ido valorizando, y pide esa cantidad en efectivo y lo destina a determinadas inversiones sociales”, señaló en declaraciones radiales.

“Desde el punto de vista cualitativo, el concepto es que el Estado recibe eso por la inversión pública que hizo, por la eventual plusvalía y en realidad en este esquema de barrio privado la inversión la hace el sector privado”, puntualizó el empresario.