Con una rapidez que nunca se había registrado hasta el momento, el titular del OPDS, José Molina, coronó el jueves una serie de hechos -algunos de ellos violentos- ocurridos en el partido de Luján al señalar que si la empresa mejora ciertos mecanismos para no afectar al medio ambiente "el organismo levantaría la clausura" dispuesta el lunes a la noche y "estarían aseguradas las fuentes de trabajo".

En el medio, una historia que tiene bastante más que un olor molesto. Pero poco importa para el impacto mediático. La idea de quienes gestaron la protesta del jueves no tiene fisuras: por una pequeña molestia, se está clausurando una fuente de trabajo de más de 500 personas.

Para ello, sabían que contarían la casi inconsciente colaboración de los grandes medios, que rápidamente saldrían a cubrir los disturbios. En ese cóctel, nada mejor que un policía irresponsable que ante el primer empujón comienza a los tiros.

La rueda de la ¿información? ya estaba girando. "Represión a trabajadores de una curtiembre"; "Disparan contra trabajadores"; "Violenta respuesta policial en una manifestación de trabajadores". La verdad a medias estaba instalada.

Los grandes medios comenzaron a tomar información de todas las fuentes disponibles. La Nación, por ejemplo, informó a sus lectores que "el conflicto tuvo origen en el cierre de la curtiembre La Curtasa, ubicada en Jáuregui" o "la empresa Farfasa", como balbuceó el periodista que TN mandó a Luján después del mediodía.

Otros medios hablaron de "los empleados de la curtiembre, en la que trabajan más de 1.000 obreros"; que lo exigido era "la reapertura de la fábrica" y que protestaban "más de 1.500 personas".

Se sabe que en ciertos medios, las aclaraciones puntuales prácticamente no existen. Y que ningún productor de esos grandes medios estaría interesado en poner al aire, horas después de un conflicto, un segmento en el que se aclare lo expresado en el momento candente.

En ese supuesto, deberían informar que los trabajadores que participaron de la manifestación no estaban de acuerdo con escrachar los domicilios de ciertos vecinos de Jáuregui; que la fuerza de choque en la puerta de la Municipalidad la componían sindicalistas que jamás pisaron Curtarsa; que sindicalistas de Luján le adelantaron a algunos periodistas "habrá quilombo"; que los dirigentes sindicales locales que piden por las fuentes de trabajo son los mismos que persiguen a los empleados que se animan a quejarse por las condiciones laborales en la planta; que no son mil los trabajadores, sino, tal vez, menos de 500; que ante la intención de las autoridades de controlar de modo riguroso a la curtiembre, desde la firma siempre utilizan a los trabajadores como escudo; que no corresponde que un organismo provincial oficial hable de fuentes de trabajo seguras, y que la última clausura sobre la curtiembre es la tercera en el año, entre otros datos que hacen a la historia. O aclarar, también, que el olor que generó la clausura es apenas la punta del iceberg que Curtarsa supo construir con años y años de incumplimientos varios.

Estrategias mediáticas al margen –porque la violenta marcha se dio en coincidencia con la contratación por parte de Curtarsa de una empresa de "comunicación"- el gobierno municipal, en estrecha relación con las autoridades provinciales, tienen que dejar la acción timorata, casi cómplice con una industria que no demuestra intención de respetar las normas, y acusar recibo de una situación previsible.

Los análisis que días atrás realizó el OPDS determinaron lo que los vecinos repiten hace más de una década. En este caso, finalmente los mañosos aparatitos de medición del OPDS descubrieron emanaciones gaseosas por encima de lo permitido.

Y si Curtarsa no cumple con las leyes, las autoridades repiten como loros que no la dejarán trabajar. En ese marco, deberían articular todos los medios necesarios para que los trabajadores no teman por su fuente laboral. Claro que ese escenario sólo se puede dibujar en un contexto de transparencia.