El lunes, el gobierno municipal comunicó los alcances de un recurso de amparo presentado la semana pasada para solicitar la suspensión de las últimas obras que se realizan en las instalaciones industriales de Jáuregui.

Se trata de trabajos autorizados en abril por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS). Tanto ese ente de control como la curtiembre anunciaron con entusiasmo la puesta en marcha de un plan de mejoras tendientes a mitigar efectos ambientales adversos.

Sin embargo, las sospechas de los vecinos primero, y los datos técnicos del Municipio ahora, muestran otra cosa. Lejos de ayudar a diezmar el permanente impacto ambiental negativo, la entrada en funcionamiento del sistema para el secado de los residuos semisólidos (barros) agravará los problemas de contaminación. En pocas palabras, la deshidratación de esos desperdicios emitirá al ambiente elementos tóxicos tanto para los trabajadores de la empresa como para los vecinos.

La situación vuelve a mostrar el absoluto desprecio que los propietarios de Curtarsa tienen por la salud. Para ellos poco importa que el proceso pueda generar la aparición de cromo VI, elemento cancerígeno. Esa posibilidad real es un elemento secundario en la lógica de los empresarios italianos. Lo principal para Attilio D´Apolito y sus socios es abaratar costos y, por lo tanto, acrecentar ganancias. El déficit de la ecuación, una vez más, lo pagan vecinos y empleados.

Aunque la publicidad oficial y empresarial diga otra cosa, la deshidratación de los residuos busca, mediante la evaporación de la humedad, disminuir la cantidad de toneladas de barros que la curtiembre paga por enviar a un sitio de disposición final. Hay que recordar que los mencionados residuos contienen químicos y metales pesados varios, de ahí su categorización como especiales.

Pero más grave que la irresponsabilidad empresarial es la complicidad del OPDS, por tratarse de un organismo estatal que en teoría debe velar por el bien común. Constituiría una equivocación decir que en este tema el OPDS no hace nada. Hace mucho, pero siempre a favor de las aspiraciones de la empresa. La autorización para iniciar el plan de obras (mal llamado "plan de mejoras") llegó desde Provincia. Primero clausuró la empresa por "emanaciones contaminantes", pero pocos días después le permitió avanzar en la deshidratación de sus residuos, aún cuando dicho proceso agrave la situación vinculada a los efluentes gaseosos resultantes de la producción de Curtarsa.

En el medio de semejante burla, el gobernador Daniel Scioli hace lo que mejor sabe. Distraído por estrategia, el máximo mandatario parece olvidar que es el responsable último de las acciones que realiza el OPDS. Desde el silencio, Scioli sigue jugando el partido de los cómplices.