Esas son algunas de las premisas de las megaempresas trasnacionales que por estos rincones del denominado “tercer mundo” obtienen ganancias millonarias a costa de la superexplotación de los bienes naturales y la afectación del ambiente con las consiguientes consecuencias sanitarias para las poblaciones circundantes.

A medida que se incrementa la conciencia y la lucha a favor del medio ambiente, no sólo desde el respecto a la naturaleza sino desde una concepción ideológica que cuestiona un sistema productivo que tiene como elemento fundamental la generación de ganancias a cualquier costo, las megaempresas acusadas de contaminar se ven obligadas a recurrir a estrategias de aceptación social.

La lógica es tan sencilla como falsa: si determinada actividad genera resistencia ciudadana, el sector empresario atribuirá esas oposiciones a deficiencias en los canales de comunicación institucional, pero nunca a la actividad misma.

Desde esa perspectiva, no resulta casual que meses atrás Curtarsa haya recurrido a los servicios de MDG Comunicación e Imagen, una poderosa consultora propiedad de Miguel de Godoy, encargado de Prensa del gobierno de Mauricio Macri. En una nota realizada por este medio, uno de los responsables de MDG no dudó en afirmar que “el divorcio con la comunidad tiene que ver con el desconocimiento, más allá de que eventualmente puede o no haber olor. Se ve que la empresa está haciendo las cosas como corresponde”. Para los voceros a sueldo de la curtiembre poco importan los múltiples estudios acumulados en los últimos 15 años que muestran las reiteradas irregularidades que caracterizan el funcionamiento de Curtarsa.

Siempre en el marco de una estrategia compartida, tampoco resulta casual lo ocurrido en la ciudad chubutense de Esquel luego del plebiscito mediante el cual la ciudadanía rechazó, por amplísima mayoría, la minería a cielo abierto. La única autocrítica planteada por la empresa que pretendía realizar la explotación estuvo orientada al tema comunicacional.

En un informe posterior, cuyos detalles son revelados en un interesante libro sobre “Minería Trasnacional”, se volvía a plantear el conflicto “en términos de errores en la política comunicacional atribuidos a malentendidos, ya que la empresa no colocó personal capacitado y especializado en espacios comunicacionales, y a la desinformación o poca circulación de documentos públicos”.

El otro aspecto fundamental en la búsqueda de legitimar prácticas inviables desde el punto de vista ambiental consiste en estrechar lazos con diversas instituciones de la sociedad. Tal vez por esa razón en los últimos meses se multiplicaron las visitas de escuelas a la planta industrial ubicada en Jáuregui, con el propósito de conocer las “mejoras” realizadas por Curtarsa.

Pero además del aspecto simbólico basado en una mejor comunicación, en ocasiones el consenso se ve favorecido por una base material. Al respecto, en la página web de la cuestionada minera Barrick Gold se ofrece un testimonio esclarecedor: “Siendo representante de una organización me debía a mis bases, y mis bases necesitaban trabajo y apoyo. Tuvimos contactos con la empresa, empezamos a trabajar con la señorita Sandra Ortiz, quien nos invitó a conocer el lugar del trabajo, donde realmente me sorprendió mucho. Tenemos reuniones con lo que es el área de medio ambiente, pero estamos muy contentos con el apoyo que la empresa nos está brindado, ya sea en equipamiento como en mejoramiento”.

Todo indica que en los próximos meses la curtiembre de capitales italianos intensificará la estrategia de considerar que la lucha contra la contaminación, a favor de la vida y de trabajo en condiciones dignas, es apenas un problema de comunicación. La misma estrategia que en la zona cordillerana despliegan las grandes mineras para dinamitar el reclamo de los “díscolos” que, reunidos en asambleas, se oponen a que les hipotequen en futuro.