Son herramientas creadas en el seno de la administración municipal para amparar permisos o premios con cierto contexto de legalidad, pero carentes de toda legitimidad. Las “habilitaciones precarias” eran documentos carentes de valor que emanaban desde la Comuna para comercios que no tenían completo su trámite de habilitación. Con una observación necesaria: había comercios que funcionaban durante años con ese cuadro legal, muy a pesar de las observaciones que solía hacer el Concejo.

Se trata, lisa y llanamente, de una decisión política. Y tanto el intendente de entonces como sus funcionarios y concejales, la defendían a capa y espada. Así debe ocurrir con las decisiones políticas, sean o no polémicas.

Desde que Graciela Rosso desembarcó en el gobierno municipal, una de sus decisiones políticas más cuestionadas es la aplicación de un plus salarial para aquellos que ella considera que están a disposición de la gestión de modo permanente. Seamos grotescamente gráficos: para aquellos funcionarios dispuestos como bomberos, los 365 días del año, a cualquier hora, a apagar el incendio que se presente en su área de incumbencia.

Una primera tanda de funcionarios recibió esa bonificación ni bien se sumaron a la administración. Hay quienes afirman que lo establecieron como condición para tomarse la molestia de venir hasta Luján a brindar sus servicios como funcionarios.

A ese grupo, en el momento menos recomendado, Rosso sumó una decena de funcionarios más, de áreas en las que cuesta entender cómo sería una disposición permanente. La polémica actual por esta medida no apunta al gasto que genera, sino al gesto incómodo de premiar con dinero a sus colaboradores en días en los que asegura no tener plata ni siquiera para cumplir con los sueldos actuales de los trabajadores. Eso sin reparar en el incómodo debate del merecimiento, porque se sabe de varios de los cobradores de disponibilidad que llegan a su puesto de trabajo cerca del mediodía, se retiran a la cuatro de la tarde y se desconoce su paradero durante los fines de semana. Lejos quedó aquella idea de la participación en un cargo público como un honor ante sus convecinos; ahora, si no cobrás “disponibilidad permanente” tus propios pares en el gabinete se te ríen en la cara.

En la conferencia de prensa del miércoles, la intendenta defendió la medida. Es la primera vez que lo hace. Sus argumentos sonaron flojos, pero dice que hay secretarios o directores que tienen que cobrar ese extra (el 50 por ciento de su básico) porque “están a las 4 de la mañana en la Terminal, trabajando para que dos nenes no aspiren pegamento” o “están a las cinco de la mañana exigiendo que los boliches cumplan con las normas” o “porque tienen que realizar tareas que no confiamos delegar en algunos empleados”.

Rosso premia a un selecto grupo de sus funcionarios en el cobro mensual, mientras los empleados paran la Municipalidad en reclamo de una mejora en sus haberes. Pero algo cambió: la intendenta se hace cargo de su decisión política, por más antipática que resulte. A partir de allí, cada uno puede sacar sus propias conclusiones.