A una de ellas se le venció el contrato el pasado 31 de mayo y el Departamento Ejecutivo, en uso de sus atribuciones, decidió no renovarlo. A partir de esa medida, lo que todos observamos en los últimos días: asambleas en el hall de la Casa Municipal, en los talleres y en el Hospital, paro por tiempo indeterminado, plenario con los dirigentes gremiales, trabajadores y concejales, y el anuncio de la realización de una sesión extraordinaria.

¿Puede la rescisión de un contrato generar tanto malestar en los trabajadores municipales? En el universo de la gestión Rosso, esto y mucho más es posible.

Lejos de la tribuna, uno de los dirigentes que encabeza el reclamo por la continuidad laboral de la contratada admitió a este medio que “lo que ocurrió con esta trabajadora es un caso simbólico, es una muestra del manejo mentiroso de los funcionarios actuales. Es la gota que rebasó el vaso”. Y por eso se desata la avalancha.

Este Departamento Ejecutivo tiene tan poca capacidad para el diálogo franco y la creación de lazos con aquello que políticamente se define como “las bases”, que el corte de un contrato desencadena el caos.

Rosso y sus colaboradores, muchos de ellos aislados en sus oficinas desde que llegan a la Casa Municipal hasta que se retiran, supieron crear el caldo de cultivo para el malestar sincero de muchos trabajadores y para el aprovechamiento político de quienes tienen expresa simpatía con otros dirigentes opositores.

El conflicto se da, además, en un momento de flojos argumentos oficiales a la hora de negociar con los gremios un incremento en los sueldos. Después de semanas de estudio de una propuesta, los enviados de Rosso propusieron un irrisorio 5 por ciento de aumento y la promesa –falaz a partir de la rescisión del contrato de una trabajadora- de no tocar la planta de personal.

A ese destrato de Rosso y sus funcionarios se suma el sostenimiento de medidas antipáticas para aquellos que todos los días concurren a su trabajo y, con la mejor cara y en general careciendo de los elementos más esenciales, atienden las demandas vecinales. El cobro de disponibilidad permanente en los funcionarios de más alto rango, dilapidando más de 300 mil pesos por año, es una afrenta para aquellos que tienen su sueldo congelado en 1.200 pesos por mes.

Eso sí, los trabajadores municipales que genuinamente piden por la reincorporación de su compañera de trabajo y, más aún, por un aumento salarial acorde con lo que cuesta sostener una familia, deberían revisar quiénes son sus interlocutores.

Que la voz ante funcionarios y concejales sea la de Enrique Samuel Peñalba le quita seriedad al reclamo. Y no hace falta entrar en el análisis fino de la situación gremial de Peñalba y su Sindicato de Trabajadores Municipales. Basta con recordar que Peñalba ocupaba actualmente el mismo espacio que tenía cuando la gestión encabezada por Miguel Prince usaba y abusaba de las pasantías (200 o 300 pesos por mes) para sumar gente a su administración. Decenas de trabajadores ni siquiera accedían a un contrato y quizás hasta eran pasantes en las áreas dirigidas por el propio Peñalba, otrora funcionario-sindicalista. Eran tiempos en los que, cada tanto, había que recordarle a Peñalba su rol de gremialista.