Mucho fue lo que sucedió o, –mejor expresado- nada sustancial se resolvió, para que el pedido de relocalización de la curtiembre en pos de un medio ambiente sano y trabajo digno regrese a la calle.

Las entidades de Jáuregui recibieron una inyección de ánimo cuando se conformó la Asamblea de Vecinos y Organizaciones por el Medio Ambiente del partido de Luján. Y desde entonces, las gestiones para lograr un accionar transparente y lógico por parte de las autoridades políticas no han cesado.

Pero esas autoridades ante las que se pide saben cómo hacer las cosas para que nada cambie; para que las condiciones de producción de esta empresa de capitales extranjeros siga acorde con los parámetros internacionales: la basura y las consecuencias lejos de su lugar de origen, y con mano de obra a bajo costo. Una ecuación empresarial económicamente impecable.

Ese camino de producción-contaminación no sería posible sin la complicidad, primero, de las autoridades municipales; provinciales, en particular, por ser quienes tienen poder de policía ante una firma de tercera categoría; y nacionales, en última instancia.

Lo cierto es que el reclamo por las consecuencias de la actividad de Curtarsa chocan en la actualidad con quienes deberían aplicar la ley y prohibir los abusos. Hoy esa instancia tiene un nombre, Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS), y varios responsables, empezando por su titular, un tal José Manuel Molina.

Los funcionarios de ese organismo responden a la Gobernación de Daniel Scioli. Y entre ambos tienen en marcha una inocultable maniobra de desgaste para que la curtiembre pueda seguir contaminando sin molestos reclamos ni mayores exigencias.

Cansados de pedirle al OPDS, al menos, controles sobre la curtiembre –ni eso se logra- los integrantes de la Asamblea viajaron a La Plata y solicitaron formalmente una audiencia con el gobernador. Después de semanas de silencio, la Dirección Provincial de Ceremonial y Audiencia contestó que la solicitud había sido enviada para su consideración y trámite al director ejecutivo del OPDS. Un burla. Una clara maniobra de desgaste.

Pero ese tipo de acciones son constantes. En Luján, la Secretaría de Gobierno no se digna a entregar una copia de, al menos, una parte del expediente de la empresa Curtarsa que se abrió en Provincia. Dilatan la entrega de esa información porque no la tienen o porque todos los escalones del Estado quedan mal parados.

Desde el OPDS no se dignan a informar en qué instancia se encuentra el demorado Certificado de Aptitud Ambiental. Y hay que descubrir, como si se tratara de una investigación policial, que el organismo sólo monitoreó el aire de Jáuregui en los meses de protesta más efervescente. Cuando las aguas se calmaron, los monitoreos desaparecieron.

Todo se hace con una clara intención: el desgaste. Porque hoy Molina y sus súbditos saben perfectamente cuáles son los detalles, las falencias y las infracciones entorno al tema Curtarsa. Pero también saben que si logran sostener la inacción unos cuántos meses más, cuando se de un cambio de figuritas en los ámbitos ejecutivos, ellos se aferrarán como garrapatas a cualquier otro cargo, dejando el OPDS en manos de nuevos funcionarios. Así, como ocurre desde hace cerca de 15 años, quienes reclaman tendrán que contar con las fuerzas suficientes para reiterar los pedidos, volver a explicar los detalles del caso y apostar a que algún día alguien se digne a actuar con transparencia. Ni más ni menos. Mientras tanto... siga, siga.