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IMPRIEN ALERTA. Ediles y legisladores radicales evaluaron el impacto minero.

El daño ambiental que produce en Tucumán la explotación a cielo abierto que lleva adelante la empresa Minera Alumbrera y el impacto que podría generar el proyecto de Agua Rica, despertaron preocupación entre un grupo de concejales radicales del Interior.

Ediles de distintos municipios se reunieron para analizar ese y otros temas el último fin de semana, en Juan Bautista Alberdi, durante un encuentro organizado por la concejal de esa última localidad, Carmen Ruiu.

Además de representantes de los concejos deliberantes de distintas localidades, entre otras, Concepción, Yerba Buena, Simoca, Tafí Viejo y Alberdi, participaron la legisladora provincial Silvia Elías de Pérez y el diputado nacional Juan Casañas.

Los dirigentes radicales recibieron un alarmante informe elaborado por docentes, investigadores y miembros la ONG ambientalista de Tafí Viejo "Pro-Eco" sobre el impacto que genera en Tucumán la explotación del yacimiento de Bajo la Alumbrera y también sobre lo que significará el emprendimiento Agua Rica.

Entre otros aspectos, el estudio reveló cómo Minera Alumbrera contamina el agua y el suelo en nuestra región, advirtiendo sobre las filtraciones que tiene el dique de cola del yacimiento instalado en Catamarca. También el informe de los investigadores reveló el perjuicio económico que produce al Estado el hecho de que esa empresa no declara parte de los minerales y metales que exporta al exterior.

Tras escuchar atentamente a los profesionales y ambientalistas, Casañas se comprometió a gestionar la posibilidad de que este estudio pueda darse a conocer en el seno de la comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, en la cual fue recientemente electo presidente.

Por otro lado, los concejales radicales evaluaron los alcances de la ley recientemente sancionada por la Legislatura, disponiendo un plan de obras con recursos provenientes del denominado "fondo soja". En este sentido, analizaron acciones a seguir y acordaron evaluar la norma junto a sus asesores legales, por entender que la norma podría ser inconstitucional. Esto debido a que, según advirtieron, podría ir en contra de las pautas fijadas en la ley Nacional que regula el uso de esos recursos, provenientes de las retenciones a las exportaciones de soja, respecto al control que debe ejercer el Estado sobre el destino del dinero.

Por otro lado, los ediles de la UCR manifestaron su malestar por "la nula o poca información que brindan los Ejecutivos municipales del oficialismo, particularmente cuando se solicitan informes en temas de presupuesto y obra pública, datos que son imprescindibles para ejercer el control de gestión".

Finalmente, se acordó un discurso común de los ediles radicales en sus respectivos concejos deliberantes para la sesión especial del 24 de marzo en repudio del golpe militar de 1976.