Ayer escucharon los reclamos de vecinos que se sienten perjudicados. El Ejecutivo pretende hallar una solución para todos.
Luego de ponerse al día de los reclamos, los ediles manifestaron que no están a favor de que se judicialicen los litigios porque conllevaría a un gasto millonario y demandas imposibles de atender para la Municipalidad capitalina.
Así, quedó claro que prima en el cuerpo la voluntad de hacer un antes y un después en el tema a partir de ahora. Hacia atrás, varios de los ediles presentes ratificaron su voluntad de sancionar una nueva ordenanza que anule la vigencia de las excepciones vigentes y obligue a los empresarios de los edificios cuestionados a readecuar las estructuras para que cumplan los requisitos exigibles.
Mirando para adelante, también hay consenso en el cuerpo para no otorgar más excepciones, de modo que toda construcción que se plantee de aquí en más se adecue a los códigos aprobados.
Una catarata de demandas
Se calcula que unas 300 personas podrían presentar demandas o amparos en los estrados judiciales impulsadas por el fallo de la Corte de Justicia provincial de hace 10 días, que anuló la vigencia de una ordenanza que otorgó una excepción a un empresario que quería construir un edificio.
Las quejas más importantes de los vecinos presentes están relacionadas a deficiencias en la construcción que ya habitan, a problemas para escriturar porque los edificios no consiguen el certificado final de obras y también acerca de los perjuicios que les ocasionan a quienes viven en casas de una planta al lado de las modernas estructuras.
“La ciudad tiene que crecer”
Del lado del Ejecutivo, el jefe de Gabinete, Jorge Vidal Casas, reiteró su convicción de que la normativa vigente debe ser modificada para permitir crecer a la ciudad, pero de manera ordenada. La postura del funcionario es clara respecto de que “la ciudad tiene que crecer para arriba sin descuidar el entorno colonial que caracteriza a Salta y pensando en cuidar los espacios turísticos”.
“Pero lo que hay que entender es que existen en el centro de la ciudad cerca de 100 propiedades antiguas, muy desmejoradas o carentes de mantenimiento, porque sus propietarios no están en condiciones económicas de hacer las refacciones necesarias y la comuna ni la Provincia pueden estar haciéndose cargo de todas estas obras particulares”, dijo Vidal Casas.
“Sucede también que esta gente, que está interesada en vender esas propiedades no encuentra compradores porque nadie se anima a invertir grandes sumas en una ciudad cuya industria de la construcción está judicializada”, agregó el jefe de gabinete comunal.
Para concluir Vidal Casas reiteró que “hay que lograr una normativa nueva, adecuada a las necesidades de todos los salteños”.
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