El Concejo Deliberante de Comodoro sancionó ayer sobre tablas una expresión de deseos, introducida por Luis Zaffaroni, que solicita el tratamiento en la Legislatura de un proyecto presentado por el diputado Miguel Angel Montoya, que promueve modificaciones a la ley marco devolviendo las facultades perdidas a los municipios que cuentan con carta orgánica en relación a la Oficina de Defensa del Consumidor.
En otro orden, el cuerpo ratificó el convenio entre la comuna y el Ministerio de Educación, pese a la disconformidad que en una primera instancia generaba la cláusula 5ª del mismo, que disponía el traspaso al patrimonio provincial de todo el equipamiento vinculado a las aulas digitales de Conectándonos al Futuro, adquirido con fondos municipales.
El concejal radical Jorge Camarda fundamentó sin embargo su acompañamiento, recordando que el expediente había sido devuelto al Ejecutivo solicitando dictamen legal y acusando nuevamente de inacción al asesor letrado municipal, Manuel Pis Diez. Ponderó la labor de su par letrado en el Concejo Deliberante, reconociendo su habilidad para encontrar la salida al escollo, mediante la modificación de un articulado que ancla la sesión a la Ordenanza General de Contabilidad y la Carta Orgánica.
Planteó finalmente la duda respectiva a la renovación del equipamiento, que dada su cualidad tecnológica pasa rápidamente a ser obsoleto.
Luego, se aprobó la designación de Irma Myriam Monasterolo al frente de la Oficina de Derechos y Garantías del municipio.
El tema había sido subrayado de modo previo por Laura Chiguay (PJ) dado que implica la regularización del organismo, agradeció la labor del Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia inherente al llamado a concurso y también la participación en el mismo de las demás postulantes.
Camarda agradeció a su vez la dirección interina de Estela Moreno y bregó porque Provincia ponga en marcha el artículo 3 de la ley marco de creación de esta oficina (Ley 4.347), que dispone un Código Procesal Juvenil, y pese a que recordó su contraria posición a la baja en la edad de imputabilidad, la subrayó como una “herramienta necesaria”.
Entre los asuntos ingresados, tomó ayer estado parlamentario la respuesta del Ejecutivo al pedido de informes respecto a la situación y obras que se erigen en tierras del Club Portugués, y un proyecto para derogar, a dos años de su sanción -sin cumplimiento efectivo- de la obligatoriedad de instalar GPS en taxis y remises de la ciudad.
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