Por este tema, el jefe comunal ya acumula una denuncia penal realizada por el Tribunal de Cuentas Municipal (un órgano que le es desfavorable) que consideró que ese proceso violó la ordenanza de Contabilidad, y también un proyecto de declaración del Concejo Deliberante donde los ediles piden que la licitación sea declarada desierta.

Si bien hasta anoche desde el Palacio 6 de Julio aseguraron que, formalmente, el intendente no había sido notificado aún, los ediles giraron una carta documento que adhiere a los dictámenes del Tribunal. Una fue para el municipio y otra a la empresa privada bajo apercibimiento de iniciar también acciones legales civiles y penales.

La semana pasada el propio Giacomino manifestó públicamente su intención de firmar en estos días el contrato con la empresa para que, antes de finalizar su gestión, el nuevo sistema ya esté en marcha.

“Como lo venimos señalando desde hace unos meses, ‘sospechosamente’ Giacomino pretende realizar en el último tramo de su gestión, contrataciones que generan inconvenientes para el municipio y, en este caso, de manera irregular”, dijo el presidente del bloque radical, Marcelo Cossar.

Los ediles dicen dudar de la transparencia del proceso licitatorio por “la insistencia manifestada por el Departamento Ejecutivo en la adjudicación del servicio mencionado, pese a las observaciones vertidas en los dictámenes emitidos por la totalidad de los vocales del Tribunal de Cuentas”. Además, argumentan que el inciso 1º del artículo 78º de la Carta Orgánica Municipal hace referencia a que “la privatización de obras, servicios y funciones del municipio, debe ser elevado a consideración del cuerpo. Nuestro marco jurídico establece que no se completa la voluntad del Estado si no se expresa el Concejo Deliberante”, según cita textualmente la carta documento.

Desde el Bloque del Encuentro, Mónica Cid aclaró que “el uso de tarjeta es de mayor practicidad para los usuarios, pero que debe ser aplicado con absoluta transparencia. Para ello es necesario que pase por el Concejo Deliberante”.

Entre las críticas más fuertes que hace el radicalismo al proceso que desarrolló el municipio, destacan que las dos ofertas económicas presentadas por la UTE superan el tope del canon establecido en el pliego, que es del 7 por ciento. “El costo del servicio no debía superar el actual, lo que fue incorporado de manera expresa por el Concejo Deliberante. Sorprende aun más, cuando analizando los precios que por un servicio similar al licitado en nuestra ciudad, en la ciudad de Rosario, se paga un porcentaje del 4,5%, con un boleto que tiene un valor 25% inferior”, agregó Cossar.

Pese a las acusaciones y a los pedidos concretos de la oposición para que se abstenga de tomar decisiones importantes de gestión, el intendente Giacomino reiteró que seguirá gobernando la ciudad hasta el 10 de diciembre.