Ayer el Concejo Deliberante de la ciudad de Rosario de la Frontera aprobó, por unanimidad, un proyecto de resolución presentado por el bloque de la UCR para pedir un informe a la Intendencia sobre el juicio laboral que perdió con el empleado municipal Gustavo Raúl Elvira, delegado gremial de UPCN. Igualmente la norma aprobada manifiesta que es necesario que el Departamento Ejecutivo Municipal informe sobre el estado del juicio mencionado y de todos los juicios en los que el municipio actúa como actor o demandado en los distintos procesos judiciales.

En tal sentido, el concejal radical Pablo Zoloaga manifestó que “no se entiende las razones por las cuales la intendenta Rómula Gómez de Montero llevó adelante un juicio en contra de un empleado gremial, desconociendo los derechos legales que asisten al empleado que puede tomar licencia sindical según lo establece el Estatuto Municipal”.

Al mismo tiempo expresó que “es importante que a la brevedad nos llegue el informe del Ejecutivo municipal para saber a ciencia cierta cuál es el monto que se tiene que pagar por los sueldos caídos, si es que debe pagar intereses y por cuenta de quién corren los honorarios profesionales. Todos estos interrogantes nos llevó a presentar el pedido de informe”, dijo el concejal.

También mencionó que por este tema se presentó un pedido anterior, según Resolución N§ 2520/12 del 17 de mayo y no fue contestada, a lo que el edil recordó que “la falta de cumplimiento puede derivar en el mal desempeño de sus funciones como intendenta municipal”.

Cabe destacar que el mencionado Estatuto, en su Artículo 81 establece que “Cuando tuviere un cargo gremial y/o sindical, como así en el caso en que el agente fuera designado para cumplir funciones gremiales, tendrá derecho a gozar de licencia con retribución por el Estado, en la medida necesaria o en el tiempo que dure su mandato”.

Todos los concejales coincidieron en que es una situación muy preocupante por el planteo judicial y los montos adeudados, y que se hace necesario que el informe de la jefa comunal llegue a la brevedad.

Por su parte, el justicialista Juan Martínez tomó la palabra para expresar en primer lugar el acompañamiento de su bloque al pedido de informe. Pero al mismo tiempo defendió a la intendenta y dirigiéndose al concejal Zoloaga se refirió a la publicación de El Tribuno:”Nos pareció muy raro que el diario de mayor tirada en la provincia haya publicado la nota con el título que sacó (aludió al artículo en el que el empleado despedido habla del juicio). Espero que den la oportunidad al Ejecutivo de hacer el descargo para que informemos”, pidió el edil.

¿Sueldo retenido?

�También la edil justicialista, Marta Moroni, se refirió al tema: “Escuché en un medio televisivo local al secretario de Gobierno, Diego Pérez, decir que no va a ser tanta la erogación como dijo Elvira en el diario El Tribuno ($ 500.000). Creo que es muchísimo menos, y también informó que esa plata está, simplemente lo que se le hizo al señor Elvira es una retención del sueldo, o sea, desde el primer momento en que empezó este juicio la plata está depositada, está en el municipio y creería que hoy (por ayer) se le está efectuando el pago de lo solicitado”.

La concejal debe saber que justamente el juicio se inicia por la retención indebida que hizo el municipio sobre el sueldo de Gustavo Elvira. En ese sentido el agente municipal, al ser consultado por este matutino, manifestó que “son alrededor de $ 140.000 solo por salarios caídos, pero se deberá tener presente los intereses, la cuota gremial y el coseguro que seguí abonando mensualmente, el daño moral y los honorarios del abogado, cuyo monto superaría los 400 mil pesos”, dijo Elvira.

Se conoció además que en la jornada del miércoles Gustavo Elvira recibió una carta documento del municipio para que se presente a cobrar el dinero que le corresponde por salarios caídos, pero no concurrió. Al cierre de esta edición se llevaba adelante en los Tribunales de Metán la mediación entre el gremialista y el municipio local.

El conflicto comenzó en el año 2009

El conflicto entre Rómula Montero y Gustavo Elvira se inició en el año 2009 cuando el gremialista ejerció la defensa de la agente municipal Juana Lobo, quien se desempeñaba como jefa de Personal de la Municipalidad y fue trasladada. En octubre de ese año comenzó la retención del sueldo. Por este hecho se inicia el juicio correspondiente, que en primera instancia Elvira lo pierde, pero apela a la Corte de Justicia y ésta finalmente falla a su favor estableciendo que la intendenta de la Municipalidad de Rosario de la Frontera tiene que pagar todos los salarios caídos al agente municipal con sus respectivos intereses. La intendenta hizo caso omiso y esto derivó en una multa.

El oficio da cuenta que se impone una multa de $ 300 diarios por cada día de retardo, la que se hará efectiva sobre el sueldo que percibe la intendenta.