En la décimo primera sesión del Concejo Deliberante de Andalgalá, que se realizó ayer, la frustrada instalación de una fábrica de tractores en esa ciudad volvió a concitar la atención de los ediles, que votaron por iniciar medidas concretas por este tema, entre ellas, llevar el caso a la Justicia.

La fábrica fue lanzada en febrero con bombos y platillos por el intendente José Perea junto a funcionarios provinciales, y hasta se colocó la piedra basal en un predio cedido por la comuna. Según anunció entonces, la firma Centauro SRL instalaría una planta de ensamble de tractores y maquinaria agrícola marca Pauny. También se iba a capacitar a jóvenes de la localidad para que trabajaran allí. Sin embargo, surgieron dudas y versiones cruzadas, cuando el gerente de Pauny, con sede en la localidad cordobesa de Las Varillas, desconoció haber comprometido inversión alguna en Andalgalá.

El concejal Edgardo Bernal (FV) mencionó la expectativa que se había generado por el anuncio del jefe comunal y recordó que Perea nunca dio participación al Concejo sobre la donación de cinco hectáreas, ni contestó un pedido de informes que se le realizó.

Ante esta situación, dijo que los ediles analizan presentar una denuncia por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" contra el intendente, para que sea la Justicia la que arroje luz sobre este caso.

Una opinión similar tuvo Alejandro Páez (FCS), quien mencionó que además de la presentación judicial estarían pensando en "hacer uso de los artículos correspondientes de la Carta Orgánica Municipal, y si tenemos que realizar la suspensión del intendente, hacerlo de una vez por todas, de manera concreta, pues creemos que en este caso hay muchas irregularidades".

Montos

Además de la embestida por la fábrica que no fue, Páez dijo que él, junto a Bernal, Jorge Ramos (Catamarca para todos) y Alcira Moreno (FCS), quieren limitar los montos que el intendente Perea tiene para realizar compras directas. El edil recordó que por medio de una modificación de la ordenanza 40/06, se autorizó al jefe comunal a realizar contrataciones directas por hasta 600.000 pesos, sin autorización del Concejo Deliberante.

"Consideramos que es imprescindible achicar los montos que maneja el intendente para poder controlar fehacientemente", dijo el concejal.