El viernes último, en horas del mediodía y en el marco de las medidas de prueba ordenadas por el fiscal de Junín Carlos Colimedaglia, los concejales de la Coalición Cívica Cecilia Ávila y José María Banfi prestaron declaración testimonial en la sede de la DDI local. Allí además de ratificar el contenido de la denuncia, acompañaron nueva documentación a la causa en la que se investiga la posible comisión de delitos contra la salud pública e incumplimientos de deberes de funcionarios públicos a raíz de las irregularidades detectadas en el Relleno Sanitario de nuestra ciudad, informaron los ediles a través de un comunicado de prensa. Los concejales brindaron nuevos detalles del estado de abandono del Relleno y de los graves incumplimientos contractuales detectados, los que fueron también corroborados días pasados en una recorrida que hicieron ediles de distintas fuerzas políticas, incluso del propio oficialismo.

Además insistieron para que el fiscal prontamente efectúe una inspección técnica en el lugar con personal especializado, sugiriendo que sea la división de Policía Ecológica con asiento en nuestra ciudad.

Anulación del contrato

Banfi destacó la decisión unánime del Concejo Deliberante que acompañó el pedido de rescisión del contrato con la empresa GIRSSA. “Lamentablemente, una vez más el tiempo nos ha dado la razón. Alertamos desde un primer momento que esta empresa no reunía la idoneidad ni los antecedentes necesarios para hacerse cargo de la tarea en el Relleno, pero el oficialismo, acompañado en ese momento por el voto del concejal del justicialismo Abel Vera, desoyó nuestra advertencia”, afirmaron los ediles. “Ahora pasaron veinte meses en los que no sólo empeoró el estado del Relleno sino que, además, los juninenses pagamos a esa firma tres millones y medio de pesos (a razón de $ 175 mil pesos al mes), que bien podrían haberse utilizado de manera más eficiente", sentenció Banfi.

Según revelaron los ediles, Colimedaglia ha solicitado diversos informes al Ejecutivo local, a la firma GIRSSA y al propio Concejo Deliberante, a fin de dilucidar si efectivamente las irregularidades detectadas a partir del contrato del Relleno Sanitario configuran delitos de acción pública.

Plazo de 180 días

“Es bueno recordar que el propio intendente Meoni, al conocerse la denuncia de los concejales de la Coalición Cívica, reconoció las deficiencias y dio un plazo de 180 días a la empresa para revertir la situación”, afirmaron en el comunicado.

Al respecto, Banfi se mostró en desacuerdo ya que esa ampliación del plazo no se ajusta a los términos del contrato de concesión: "Nos parece un premio excesivo para la empresa que se le dé tanto tiempo para hacer cosas que debieron efectuarse hace un año atrás mínimo, salvo que el Intendente con esto quiera tapar sus propios incumplimientos".