El Concejo Deliberante regresó a la actividad, y pese a los pronósticos, sus integrantes decidieron no polemizar sobre la problemática habitacional. Se aprobaron dos proyectos de resolución, uno sobre el loteo del Pirayuí y otro sobre el Santa Catalina, y ninguno de sus autores tomó la palabra.
Inclusive, la problemática del asentamiento en la zona del Pirayuí que derivó en la aprobación de dos proyectos de resolución, no redundó durante la sesión en polémica.
Los integrantes del cuerpo deliberativo dieron su aval a la iniciativa del edil Gabriel Romero (FAP) que solicitó un informe del Municipio sobre las tramitaciones de aprobación de loteos que “se hubieren promovido sobre la zona del barrio Pirayuí hoy ocupados”, precisa el proyecto.
Solicita precisiones sobre quienes han iniciado los trámites, fechas, y si dichas diligencias obtuvieron respuesta afirmativa o rechazo, y en este sentido, cuáles fueron las objeciones, reparos u otro tipo de observaciones.
A través de este proyecto se pide saber además si recibieron denuncias de fraude, o actos especulativos, referidos a lotes en aquella localización y en caso afirmativo qué trámite se ha dado a dichas denuncias.
Asimismo pide conocer las localizaciones detectadas y reservadas para llevar adelante aprobación de loteos y de construcción masiva de viviendas sociales en el ejido municipal que cumplan con todos los requisitos normativos y materiales para que ello ocurra en forma inmediata.
Compra
La otra iniciativa vinculada a la problemática habitacional tiene que ver con un proyecto del concejal Javier Sáez que planteó la necesidad de conocer la situación y estado en que se encuentra el expediente N° 11D12 (2292S11) referido a la compra del inmueble del predio de Santa Catalina.
En este caso, también logró el acompañamiento de sus pares, aunque después de finalizada la sesión se hicieron escuchar varias voces del bloque del Frente para la Victoria que rechazaron el posible proyecto analizado por el sector radical, tanto a nivel provincial como municipal para declarar la utilidad pública y avanzar en la expropiación de una parte del predio de Santa Catalina.
“Es una cosa grave. Porque está desconociendo una causa judicial. Una medida de no innovar dictada por un juez federal. Todos los argentinos conocemos de las luchas de los organismos de derechos humanos, y justamente, en Santa Catalina, esta medida judicial, plantea que no se puede tocar nada hasta que el gabinete forenseantropológico argentino dictamine si hay o no restos de compañeros desaparecidos enterrados en este lugar”. argumentó el edil José Luis Gálvez, en contra de cualquier iniciativa que apunte a la intervención de este terreno, antes del esclarecimiento judicial.
Legalidad
El abogado de la Comisión Provincial de Derechos Hu-manos, el doctor Hermindo González apuntó al “desconocimiento de la causa San-ta Catalina, que está en el plano Federal, y es la Jus-ticia Federal la que me concedió la medida cautelar en 2006 de no realizar nada en el lugar, hasta tanto el gabinete antropológico tenga respuestas al respecto”
En este mismo sentido, Hermindo González postuló que “esto deja al descubierto las consecuencias de la falta de políticas públicas y los ‘manotazos de ahogados’ de la gestión provincial que pretende, con medidas casi populistas, generar un impacto social en la comunidad”.
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