Los integrantes del bloque del Frepam habían solicitado al Ejecutivo comunal, mediante un proyecto de comunicación, que explique los ingresos de camiones con bolsas de cemento, cuya descarga se realizó en el corralón de materiales "06305", que pertenece al hermano del jefe municipal local.

Según se pudo establecer, el Ejecutivo reconoció que la municipalidad había adquirido cemento en otras localidades y que el intendente, Juan Antonio Silva, en vez de enviar el material que pertenece al Estado (al Corralón Municipal), decidió que se guarde en el negocio de su hermano, un habitual proveedor de la comuna. La llamativa explicación no dejó conforme a los concejales de la oposición, pero al oficialismo le pareció "lógico" ese tipo de comportamiento para mejor resguardo.

A pesar de la escueta respuesta, y el evidente intento de no dar mayores explicaciones por parte del Ejecutivo, se adelantó que la oposición buscará establecer el destino fehaciente de los materiales adquiridos por parte de la municipalidad, viajes que se habían realizado en camiones de la comuna hacia fines de diciembre pasado.

Polémica.

La sesión ordinaria deparó, además, la aprobación por mayoría de una ordenanza vinculada a la pavimentación que se hizo la empresa Jubete de un terreno privado, situación que derivó en una demanda civil de más de 100 mil pesos.

La normativa solo recibió el respaldo de los tres ediles del justicialismo, y está pensada para tratar de evitar que avance el juicio contra la municipalidad, que se tramita en el Juzgado Civil 3 de General Pico. La ordenanza en cuestión declara de "interés público" el uso de un terreno privado, donde el municipio ya avanzó con la obra y no advirtió el error. Se trata de una resolución de muy dudosa legalidad y que ahora deberá ser analizada por la Justicia, cuando se incorpore al expediente.

La oposición votó por su propio despacho y rechazó la argumentación del oficialismo, que podría generar un severo precedente sobre la propiedad privada. Se trata de un último intento por tratar de evitar que la demanda prospere y la comuna deba desembolsar una importante suma de dinero, por la equivocación cometida.

El sector cuestionado, y que está en litigio judicial, abarca unos 360 metros cuadrados que son parte de un terreno privado, que la empresa Jubete pavimentó a pesar de las advertencias recibidas sobre el posible error.

La cuestión derivó en una demanda, y una medida cautelar dictado por la Justicia, para que no se alteren los trabajos realizados. Desde la oposición ya adelantaron que si resulta perjudicada la comuna, deben ser los funcionarios actuantes quienes paguen la demanda.