Una vez que el Poder Ejecutivo promulgue la ley sancionada anoche por el Senado de la Provincia, todos los edificios de uso público deberán incluir estructuras sismorresistentes, instalaciones eléctricas acordes a las condiciones mínimas de seguridad y disponer de sectores de evacuación y seguridad general.
La ley propicia la puesta en marcha del Plan de verificación de condiciones mínimas de seguridad para edificios de uso público, que comprende a las construcciones siguientes: edificios con destino educativo, edificios con destino a la atención de la salud, edificios de atención al público, edificios religiosos, estadios cubiertos o descubiertos, edificios de los organismos de seguridad, edificios de alojamiento de todo tipo y edificios que integran el Patrimonio Histórico y Arquitectónico de la Provincia.
El objetivo del plan, es el de verificar las condiciones mínimas de seguridad de los edificios de uso público según las leyes provinciales vigentes y sus decretos reglamentarios, a fin de determinar las soluciones técnicas que correspondan para su debida adecuación preventiva y se concreten los trabajos que a tales efectos deben ejecutarse.
El senador Héctor Mamaní (San Carlos-PJ) fue el miembro informante del dictamen que emitió la Comisión de Obras Públicas e Industria que aconsejó la sanción definitiva de la ley.
La autoridad de aplicación será la Secretaría de Obras Públicas, quien puede delegar funciones en el Colegio Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines (COPAIPA) y el Colegio de Arquitectos mediante convenios, en coordinación con los municipios.
Cada proyecto en el futuro deberá contener: el estudio y cálculo de las estructuras o refuerzos a incorporar al edificio para su debido comportamiento sismorresistente El informe técnico de las instalaciones eléctricas existentes y las modificaciones a realizar para cumplir con las condiciones mínimas de seguridad. El estudio de las condiciones de evacuación y seguridad general del edificio y las modificaciones a incorporar para adecuarlo a las normas de seguridad mínimas vigentes. La aprobación de los proyectos por los organismos competentes, antes del inicio de las obras y de acuerdo a la normativa vigente. Y la ejecución de los trabajos, que debe contar con la correspondiente inspección técnica.
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