La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica y la empresa que distribuye el servicio en San Luis participaron junto a otras agrupaciones de una audiencia pública en la que cada organismo expuso cómo debería ser el nuevo cuadro tarifario.

En el encuentro, que se desarrolló en la escuela Nuevos Desafíos de La Punta, Alejandro Espain, asesor de Edesal, aseguró que la compañía necesita alrededor de doscientos ochenta y cinco millones de pesos anuales para prestar el servicio por lo que la tarifa media debería aumentar en un 59%. Pero el Instituto de Energía Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan aseguró que requiere entre ciento noventa y seis y doscientos siete millones al año.

En el salón de usos múltiples del colegio y ante más de cien personas, Espain explicó cada uno de los costos que debe asumir una empresa modelo para llevar la luz a los puntanos. A través de diapositivas, detalló los componentes del único ítem que puede modificar la provincia: la distribución, ya que el precio de la energía y el transporte son definidos a nivel nacional.

El ingeniero consideró los gastos técnicos y de atención comercial, el dinero que insumen los salarios de todos los trabajadores y las tasas de impuestos. Según los cálculos del representante de Edesal, el incremento del valor de la distribución impactaría en el total de la factura en un 59%.

Después de la primera exposición, que duró cerca de una hora, fue el turno de los ingenieros de la universidad sanjuanina, Alberto Andreoni, Marcos Facchini y Carlos Galdeano, quienes elaboraron una propuesta alternativa para la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica de San Luis. Aunque no precisaron cuánto subiría el precio en la boleta, determinaron que el servicio le costaría a la empresa entre setenta y ocho y ochenta y nueve millones menos.

Además compararon la asignación de costos de Edesal con la de otras provincias y cuestionaron que la compañía incluyera en el valor de la distribución que debe abonar el cliente, gastos como el que demanda la apertura de nuevos suministros.

También participó de la audiencia Adelaida Muñiz, quien fue designada como defensora del usuario. La actual concejal destacó que el nuevo precio debe determinarse gradualmente y es menor al que estableció la distribuidora local mientras que el jefe del Subprograma Defensa del Consumidor, Alberto Montiel Díaz, apoyó la idea de crear una tarifa especial para los pequeños comerciantes.

Jorge Olguín, quien fue varios años titular de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (Adeuco), reclamó que “deben pagar más los que más tienen”. Y agregó que la audiencia debería realizarse en otras localidades para que puedan participar realmente todos los usuarios y organismos de la provincia.

Con menos público que al inicio de la jornada, las asociaciones que nuclean a la empresa energética y a sus trabajadores manifestaron su postura. Claudio Bulacio, gerente de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera), expresó que es necesario ajustar el valor de la distribución a la realidad de los costos de la compañía.

La misma declaración realizó Javier Mancifesta de la Asociación de Profesionales del Agua y la Energía Eléctrica, quien defendió las actualizaciones periódicas del monto de la prestación. Los últimos en exponer fueron un representante del Sindicato Luz y Fuerza, Daniel Orozco, el intendente de Quines Julio Gómez y algunos clientes del servicio.