La intención oficial es dejar pasar el verano, que promete un intenso movimiento turístico; seguir haciendo de cuenta que la inflación equivale a menos de la mitad y mantener los controles oficiales y oficiosos aplicados en los últimos meses sobre el mercado cambiario. Esta secuencia comenzará a incorporar los capítulos más importantes sólo a partir de marzo, cuando se espera que la Presidenta esté recuperada y en condiciones de adoptar decisiones sobre las cuestiones que más intrigan a los agentes económicos: salarios, gasto público, subsidios tarifarios y tipo de cambio real.

Para entonces, también se aguarda que esté mejor perfilado el incierto impacto de la crisis externa sobre la Argentina, que se focaliza básicamente en los altibajos de los precios de la soja (que han oscilado últimamente entre 405 y 440 dólares la tonelada) y del petróleo (cercano a los 100 dólares el barril); el comportamiento de la economía brasileña, y la devaluación del real frente al dólar. Todos estos factores modelarán el perfil económico del año entrante, que se inicia sin los "superávits gemelos" (fiscal y externo) que caracterizaron a toda la era K.

Por ahora, el Gobierno ya definió que la estrategia económica para 2012 se basará en "blindar" las reservas del Banco Central (BCRA), cuyo stock cerró este año en torno de los 46.000 millones de dólares (incluyendo 6000 millones en préstamos externos - swaps - de corto plazo). Con los controles impuestos desde noviembre para frenar la fuga de capitales, el BCRA se ha convertido en comprador casi exclusivo de divisas y en un vendedor amarrete, dentro de un mercado cuyo volumen se redujo a una cuarta parte. Todo, a la espera de que ingresen los dólares de la cosecha de soja, amenazada ahora por una incipiente sequía.

Quizá la imagen más elocuente de esta política sea la presentación estelar del equipo de 50 sabuesos (caninos) de la AFIP husmeando en busca de dólares ocultos en los vehículos y equipajes de viajeros argentinos hacia países limítrofes. Aunque su efecto es marginal (detectaron 2,7 millones de dólares en billetes, frente a una fuga total del orden de 23.000 millones en 2011), procuran transmitir la señal de que quienes compren dólares estarán bajo sospecha y quienes los vendan -voluntariamente o forzados por regulaciones oficiales- serán redimidos. Sin embargo, la experiencia indica que cuando se frena abruptamente la salida de capitales, otro tanto ocurre con su entrada.

Mucho menos visibles, pero más contundentes, son los controles a importaciones y pagos impuestos expresa o telefónicamente por Guillermo Moreno (alias "Lassie"), que han reducido en forma tan drástica como artificial la demanda de divisas, a costa de presuntos casos de corrupción y de complicar a numerosas actividades. Una novedad en este terreno es que el celo oficial ha alcanzado hasta algunos nuevos proyectos sustitutivos de importaciones, siempre bienvenidos por el Gobierno: en ciertos casos, ahora se exigiría para aprobarlos que el componente local de partes e insumos supere el 50%, no siempre fácil de alcanzar.

Aún así, este hiperactivo intervencionismo estatal sólo ha permitido compensar las crecientes importaciones de gas y combustibles: el déficit de la balanza energética (unos 3000 millones de dólares) explica el menor superávit comercial de este año (algo más de 10.000 millones). Para 2012, las estimaciones privadas prevén que el saldo comercial favorable se reduciría a 7000/8000 millones; pero como el BCRA deberá atender pagos del Tesoro por unos 5700 millones, surgen las previsiones de escasez de divisas y extremo cuidado de las reservas.

Un test importante se producirá hacia el fin del verano, cuando las empresas deban decidir si conservan sus ingresos en pesos (cuya emisión volvió a dispararse en diciembre) o los vuelcan a la compra de dólares en el mercado oficial o bien en el paralelo. En este último caso, se ensancharía la brecha entre ambas cotizaciones (hoy de sólo 5%) y no habría que descartar otra vuelta de tuerca en los controles de la AFIP y/o de Moreno.

EL PROBLEMA CLAVE

En la agenda del nuevo año, el Gobierno prevé un menor deterioro del tipo de cambio real con un ritmo de devaluación algo superior al de 2011 (8%), aunque inferior al de la inflación. También una estrategia caso por caso para mejorar la competitividad en sectores clave, a través de la negociación de compensaciones (impositivas, laborales, crediticias o tarifarias) que en la práctica equivaldrían a tipos de cambio diferenciales, a cambio de aumentar inversiones, empleo o contener precios.

No obstante, el problema clave es que nadie sabe hacia adónde apuntará la inflación, que CFK se empeña en subestimar, aunque ahora busca atacar algunas de sus causas.

Una incógnita en este sentido está en la negociación salarial en paritarias, complicada por el enfrentamiento con Hugo Moyano, pero también por la intención oficial de fijar una pauta (el 18% del que todos hablan, aunque nadie admite) sin ninguna política para referenciarla.

Otra reside en el ritmo de expansión del gasto público, que en 2012 se supone que será inferior al de este año (36%), pero no como lo prevé la ley de presupuesto (18%). A diferencia de otros años, el Gobierno evitó a fin de 2011 otorgar un plus navideño para las jubilaciones mínimas y la asignación por hijo, cuyo poder adquisitivo sufre con la inflación y aguardará hasta marzo para futuros ajustes. La razón es que no está claro qué ocurrirá con la recaudación, si se resienten los precios o la cosecha de soja o se desacelera el crecimiento de la actividad económica y el consumo, como ha venido ocurriendo en los últimos tres meses.

Como bisagra de ambas está la anunciada quita de subsidios a las tarifas de energía, transporte y agua, que también arrancará a partir de marzo. Aunque constituye una abultada "caja" fiscal (80.000 millones de pesos en 2012, que el Gobierno no podrá utilizar a pleno para preservar a los sectores de menores ingresos), sus alcances también son otra incógnita. El argumento de equidad social no ha dado resultado: menos de 20.000 clientes optaron hasta ahora por la "renuncia voluntaria" a los subsidios, que serán eliminados a otros 200.000 residentes en barrios "ricos" del área metropolitana, sobre un universo de 12 millones de habitantes. Pero el ahorro fiscal conseguido ya se comprometió con la reciente prórroga de vencimientos de deudas de las provincias con la Nación.

En esta economía hecha a mano, con más controles, menos reglas generales y poco margen para aplicar políticas expansivas sin realimentar la inflación, la mayoría de los analistas privados estima que el crecimiento a "tasas chinas" quedó atrás y podría desacelerarse en 2012 a un ritmo de 3 a 5 por ciento. No estaría mal en un contexto externo menos favorable, pero marcaría la diferencia entre avanzar con el acelerador a fondo o con nuevas velocidades máximas, que por ahora pocos aceptan respetar.