El gobierno convocó para esta lunes a las 19, a una audiencia pública en Terrazas del Portezuelo.
El objetivo de la reunión es analizar todos los casos -se calcula que son más de 40 mil personas afectadas-, y elevar los reclamos al Ente Nacional Regulador del Gas, en paralelo a la acción declarativa que hizo el gobierno ante la Justicia Federal de San Luis contra la firma prestatarias debido a la falta de obras y servicios.
Mientras tanto, el Ejecutivo provincial este mes requirió un informe al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) para dilucidar qué planes de ampliaciones y mejoras en San Luis presentó Ecogas durante 2012, 2013 y 2014. Del mismo modo, solicitó detalles sobre las observaciones que la distribuidora -licenciataria aparte de Cuyo, en Catamarca, Córdoba y La Rioja- haya realizado en territorio puntano.
La misiva expone que las demoras y limitaciones en el otorgamiento de las factibilidades por parte de Ecogas, se contraponen con la política activa de inversión que la provincia “ha mantenido a lo largo de las últimas dos décadas, a fin de apoyar el crecimiento y propender al bienestar de a sus habitantes”, quienes por un incumplimiento de las obligaciones contractuales de la empresa se ven afectados en su derecho al libre acceso al servicio.
“Participarán aquellos que se han visto perjudicados o a los que la compañía Ecogas no respondió sus requerimientos de servicio; y no se los ha brindado, ni tampoco se los ha negado. Hay muchos usuarios en esa situación, y de hecho el Gobierno de la Provincia realizó obras de gasoductos y tendidos de redes y tampoco fue cubierto el suministro”, explicó el ministro de Industria, Comercio, Minería y Transporte, Walter Padula.
Hace un mes, el gobernador hizo públicas “las dificultades” con la empresa Ecogas porque no habilita el gas natural a nuevos usuarios en barrios de la ciudad de San Luis y en pueblos del interior, donde el Gobierno provincial ya finalizó todas las obras de infraestructura.
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