El proyecto oficial para crear un cuerpo de policía judicial llegará esta semana a la legislatura, y será uno de los primeros temas que se debatirán en la agenda provincial. En medio de los embates de algunos sectores del kirchnerismo contra la política de seguridad del gobernador Daniel Scioli, en el oficialismo bonaerense suben la apuesta y motorizan una idea considerada fundamental por el ministro del área, el cuestionado Ricardo Casal.

Según se supo, el gobierno enviará al senado este proyecto, que figura en la Constitución provincial y que cuenta con el aval de la Comisión por la Memoria. Incluso, fue el redactor del proyecto. "Vamos a enviar a la Legislatura el proyecto de la Comisión por la Memoria. Es el más completo y el más integral. Han trabajado mucho y muy bien”, confirmó a los medios Casal.

La implementación de la Policía Judicial impulsada por el gobierno provincial significará “un cambio radical en el esquema de investigación de delitos complejos ya que, a partir con ella, no será la Policía Bonaerense la que haga esa tarea, sino un cuerpo especializado de peritos criminalistas dependiente del Poder Judicial”.

La fuerza contará con un jefe operativo, un área central en la Procuración de la Corte y presencia en las 18 departamentales judiciales. Según se prevé, el cuerpo intervendrá en delitos complejos, donde se requiera el trabajo de especialistas en criminología, forenses, peritos balísticos e investigadores capacitados.

De acuerdo con la iniciativa, actuará en todos los delitos donde el resultado haya sido una víctima fatal, en la investigación del delito complejo y narcotráfico, secuestros y en los casos de irregularidades cometidas por funcionarios o agentes de las fuerzas de seguridad.

Ante esta iniciativa, el oficialismo provincial comenzó a debatir los apoyos necesarios. Ayer, la diputada provincial del Frente para la Victoria Karina Nazabal se expresó a favor de la iniciativa, y afirmó que “es importante” porque “se traducirá en una mayor transparencia en la investigación de los delitos más complejos”.

La diputada oriunda de Lanús destacó que “tener un cuerpo civil especializado en la investigación que no dependa de la policía es un lineamiento que los organismos de derechos humanos vienen planteando hace tiempo”, y agregó: “esperemos que podamos avanzar con esta iniciativa y que prime el interés común por sobre los intereses partidarios de algunos sectores”.

“Se ha adelantado que la policía judicial actuará en los delitos de narcotráfico, secuestros y los cometidos por funcionarios o las fuerzas de seguridad; lo cual es sin lugar a dudas un gran avance en materia judicial y de seguridad”, finalizó la legisladora.

Más respaldo

Pero además del sciolismo, otros sectores aliados y de la propia oposición se mostraron favor de la medida. El diputado provincial de Nuevo Encuentro y especialista en Seguridad, Marcelo Saín, expresó su respaldo a la Policía Judicial. Sin embargo, advirtió que “de no tener un presupuesto acorde el esfuerzo puede quedar en la nada”.

“Sin haberlo leído, y guiándome por los dichos de la Comisión, en general, el proyecto supondría un avance institucional para la provincia”, consideró el legislador, que pertenece a una fuerza que por lo general se ha mostrado crítica a la política de seguridad de Scioli.

Saín espera que “se arme una buena Policía Judicial, y esto tiene que ver con dotarla con los medios presupuestarios que permitan dar un salto de calidad en la investigación delitos complejos”.

Incluso, en sectores opositores, el proyecto suma apoyos, aunque con salvedades. “Si bien no hemos podido tener acceso aún al proyecto remitido por el gobernador Scioli, no hay duda de que la efectiva puesta en marcha de la policía judicial sería una buena noticia para nuestra Provincia”, dijo Nidia Moirano, del bloque Unión Celeste y Blanco.

No obstante, hizo una salvedad: “no estamos dispuestos a apoyar un proyecto que haga depender a esta fuerza del Poder Ejecutivo. Una de las mayores críticas que atraviesa nuestra justicia hoy es, en muchos casos, la falta de independencia frente al poder de turno; por eso consideramos fundamental que la policía judicial se organice dentro de la esfera del poder judicial, evitando interferencias en el momento de llevar a cabo las tareas para las que sea creada”.

Moirano recalcó que la policía judicial “existe desde 1998” y añadió que “nunca fue implementada como corresponde”. “Hoy, alrededor del 75 por ciento de las investigaciones son archivadas, una policía judicial funcionando de manera proactiva podría reducir este porcentaje, por lo menos, a la mitad”, expresó.