Desde la Coalición Cívica manifestaron su desconfianza frente a la ordenanza que se aprobó la semana pasada en el Concejo Deliberante de Esteban Echeverría sobre la venta de dos hectáreas de patrimonio municipal a la Asociación Civil del Country Los Rosales.

“En el transcurso de la gestión del intendente Fernando Gray se ha visto la sanción de una serie de ordenanzas de desafectación de zonas y de cambio de zonificación, que muchas veces no ha contado con explicaciones por parte del Concejo”, se quejó el diputado provincial del ARI y dirigente local Walter Martello en diálogo con Info Región.

Según el legislador, la venta de estas tierras “ha sido admitida por concejales que votaron a favor”. “Eso es lo más preocupante porque reconocen que, entre otras cosas, no han tenido tiempo para estudiar el tema”, aseveró.

Además, señaló que en los últimos cuatro años “hubo una política de sancionar ordenanzas sin estudios pertinentes”, por lo que muchas veces “algunos de esos proyectos fueron vetados por el propio Intendente”. “Parecería que estamos ante otro caso similar, donde no ha habido estudios para la sanción de esta ordenanza”, advirtió.

En ese sentido, cuestionó el procedimiento del Cuerpo: “No es lo usual porque en general por esta época están todos los Concejos de receso”, disparó y consideró que, si sesionan, “deberían hacerlo por temas que preocupen más, como la denuncia sobre el uso de glifosato en las inmediaciones de la Laguna de Rocha, donde también hubo cambios de zonificación importantes”.

“Que el Concejo sesione para este tipo de ordenanzas despierta algunas suspicacias que deben ser aclaradas rápidamente por los concejales que convocaron la sesión y por el Intendente municipal”, exigió.

Apuntó que tampoco se cumple con un requisito esencial, que es el de los estudios de impacto ambiental previo a las rezonificaciones. “Muchas veces, los informes de impacto ambiental no están incorporados a los expedientes y, en este caso, con algo aprobado tan a las apuradas, me temo que haya ocurrido lo mismo, por lo que no se justifica la sanción”, manifestó y agregó que este tipo de proyectos “debe tener, por lo menos, el informe de alguna de las comisiones del Concejo”.

Por su parte, la ex concejal del ARI Patricia Gramajo expresó su preocupación sobre “la cantidad de errores que pueda llegar a tener esa ordenanza”.

“Yo solía no acompañar ciertos proyectos por la cantidad de irregularidades que había en las ordenanzas”, recordó Gramajo y señaló que “a veces tenían la amabilidad de llamar a Gustavo Cañete, subsecretario de Tierras, para que asesore durante la labor parlamentaria”.

“Desconozco como habrá sido esta ordenanza, pero remontándome a todas las veces que he denunciado irregularidades, me imagino que esta no habrá sido la excepción”, opinó.

Afirmó además que ella, al igual que el edil del PRO Evert Van Tooren, hubiese pedido el pase a comisión de este expediente.

“Yo pedía eso para tener tiempo de arreglar las ordenanzas, que en su momento han venido con grandes deficiencias”, sostuvo Gramajo y señaló que los expedientes se presentaban “sin saber cuánto le iba a costar a la Comuna o qué retribución tendría”.

La polémica sesión extraordinaria se llevó adelante el jueves de la semana pasada.

Supuestamente, ese espacio en su origen iba a ser reservado específicamente para ser un lugar recreativo, con plazas, una salita de primeros auxilios y una escuela pública, según lo establece el Código de Planeamiento Urbano.

Para determinar su desafectación del Municipio, el oficialismo argumentó "que está dentro de un barrio cerrado, en el cual todos sus habitantes poseen medicina prepaga y llevan a sus hijos a colegios privados". En ese sentido, afirmaron que "no se veía como correcto que el Estado siga siendo dueño de ese espacio".