El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Ricardo Echegaray, dijo

que “no fue” el entonces ministro de Economía y actual vicepresidente, Amado Boudou, quien

gestionó ni pidió el levantamiento de la quiebra de la calcográfica Ciccone en 2010.

Echegaray destacó que “Ciccone Calcográfica solicitó el levantamiento de la quiebra al juez

(Javier) Cosentino, que seguidamente lo dispuso”. Boudou “no pidió la quiebra

porque no está entre sus facultades; ni pidió el levantamiento porque es atribución de un juez; y no

gestionó nada particular, sino que evacuó una consulta”, dijo Echegaray en conferencia de prensa.

Afirmó que “la quiebra de Ciccone fue declarada el 15 de julio de 2010 por el juez Cosentino, a pedido

de la Afip, por incumplimientos de pagos (impositivos) de vieja data” y explicó que una vez declarada

la quiebra, la Afip recibió una nota “de Ciccone manifestando su intención de solicitar al juzgado el

levantamiento de la quiebra, con el compromiso de asumir la deuda y proceder a cancelarla. Y el 3 de

setiembre de 2010, el juez levantó la quiebra”. Añadió que con la quiebra levantada

“el 14 de octubre de 2010, Ciccone pidió (a la Afip) una quita de intereses, multas y

honorarios, y solicitó un plan de facilidades de pagos” de su deuda. Precisó que “ante el pedido de

Ciccone de que le conceda más de lo que permite la Ley, se hizo una consulta al Ministerio de Economía” y esa cartera permitió la continuidadde la empresa, “en sintonía

con lo que ha sido siempre un objetivo claro del obierno de mantener fuentes de trabajo”, remarcó

y subrayó que “no hubo quita” para Ciccone. Sin embargo, puso de relieve

que “hubo una demora en este caso para comenzar a cobrar una vez levantada la quiebra, porque el

juez, junto con el síndico interviniente, habían resuelto alquilar los equipos de Ciccone a la firma

Boldt, en lo que fue una decisión equivocada”. Explicó que “se trató de una

decisión equivocada, porque Boldt estaba denunciada penalmentepor evasión impositiva,

emisión de facturas truchas, falsificación de documento público y de sellos de la Afip, y simulación

dolosa de pago”. “Nosotros le pedimos al juez que le devuelva los equipos a Ciccone,

porque si no era imposible que retomara la actividad y pudiera hacer frente a los compromisos

asumidos con el fisco”, indicó finalmente Echegaray.