El primer pedido que hizo la ex Ciccone para afrontar su deuda consistió en un plan de 20 cuotas anuales -una por año-, sin intereses, y sólo por el capital adeudado. Es decir, que sobre una deuda total de más de $ 247 millones, sólo devolvería $ 62,7 millones. Es decir, el 25,3% del total.

Así se inició el expediente administrativo 1-257899-2010, que es el que trata en la AFIP el pedido de la imprenta. Ese documento circuló por varias áreas de la agencia, en las que se sostuvo que Echegaray podía arrogarse facultades propias del juez de la quiebra, Javier Cosentino, y disponer quitas sobre las deudas de la empresa, apoyado en las facultades discrecionales que le otorga el artículo 32 de la ley 11.683, que define el funcionamiento de la AFIP.

Incluyó el expediente un pronunciamiento del jefe de asesores de Echegaray , Rafael Resnick Brenner, quien afirmó que resultaba "razonable" otorgar el plan "en las condiciones solicitadas por la contribuyente". Sin embargo, como parte del trámite, Echegaray involucró al entonces ministro de Economía, Amado Boudou, al remitirle una consulta con la advertencia de que sería "determinante" lo que opinara el actual vicepresidente.

Cuando Boudou apoyó concederle el beneficio excepcional a la empresa que ya presidía Alejandro Vandenbroele -una de las principales evidencias que lo involucran-, la AFIP completó el trámite. Resnick Brenner emitió su segundo y también cuando menos polémico dictamen favorable a la ex Ciccone, que dice: "Resulta razonable en función de las competencias de esta instancia el otorgamiento del plan en las condiciones solicitadas por la contribuyente". Es decir, con una quita del 75%, aunque estaba taxativamente prohibido por la ley 11.683.

Y es entonces cuando Echegaray interviene decisivamente, aunque con un insólito movimiento. El 18 de noviembre de 2010 dio su visto bueno al plan para beneficiar a la ex Ciccone con una moratoria de 20 cuotas anuales con una quita del 75%, tal como había pedido la empresa. Pero luego agregó, a mano, en la foja 66: "Ajústese a la Resolución 970". Así consta en las dos copias de la misma disposición -una sin y otra con ese agregado- a las que tuvo acceso LA NACION (ver aparte). Esa resolución 970 establece los parámetros para que una empresa concursada obtenga una moratoria de 96 cuotas mensuales, es decir, un plan menos conveniente que el que originalmente había solicitado la empresa y sobre el cual nadie, ni Echegaray, ni sus colaboradores, ni Boudou, habían evaluado hasta ese mismo momento.