La Agencia de Noticias Austral dio por hecho que fue el gobernador Daniel Peralta quien ordenó a la ministra la renuncia de la directora, luego de que los legisladores que se oponen al endeudamiento de la Provincia se reunieran en el CIC que pertenece al área social del gobierno.

Cabe recordar que fue allí donde los parlamentarios enfrentados con el mandatario provincial anunciaron en conferencia de prensa que no iban a asistir a la sesión extraordinaria impulsada por el Poder Ejecutivo porque no estaban de acuerdo con aprobar una autorización para contraer un crédito de 250 millones de pesos ante el Banco Santa Cruz.

No obstante, adelantaron que realizaran gestiones ante el gobierno nacional para obtener los fondos necesarios para el pago de sueldos y aguinaldos de los empleados públicos.

A pesar de esto, el titular del Poder Ejecutivo no soportó que sus opositores hubieran elegido el CIC para el cónclave, y por ello demandó la dimisión de su directora.

Para Capuchinelli la medida no fue fácil de tomar, ya que en las elecciones generales de 2011 estuvo ligada al espacio de Rudy Ulloa Igor, quien es un referente del Centro Comunitario que ahora el gobierno decidió “intervenir”. La ministra resolvió que de forma provisoria reemplace a Delgado el director Víctor Andrade.

Es la primera vez que el gobierno de Peralta adopta una medida de estas características y ahonda más sus diferencias con kirchnerismo.

REPUDIO A “ESCRACHES”

Por otro lado, los concejales del bloque FVS-PJ de Río Gallegos, María Laura Santamariña, Juan Carlos Figueroa, José Zavaley y Pablo Grasso, emitieron un comunicado a través del cual expresaron su “enérgico repudio” a los escraches, hechos de violencia y vandalismo que realizó un grupo de manifestantes en la noche del 6 de diciembre contra diputados provinciales, diputado por el pueblo y dirigentes políticos, indicando que los agresores “se identifican con un sector que apoya al gobierno provincial y a quien responden de manera directa”.

Al mismo tiempo los califican de “inadaptados sociales” que “marcharon por la ciudad capital en un raid de escraches y de atentados contra la propiedad privada, agrediendo a su paso no solo las viviendas, sino también a las personas indefensas que en ellas habitan”.

También los acusan de ser “cobardes patoteros que sin reconocer límites, con la mezquina intención de trasladar culpas y responsabilidades, confundiendo a los ciudadanos, enarbolando banderas sobre un reclamo que no tiene sustento y desconociendo los canales democráticos, pretenden ocultar la incapacidad de gestión y la falta de gobierno”.

Consideran además que “nuestros legisladores, electos por el voto popular, han buscado los canales pertinentes de gestión a los efectos de dar respuestas, cumplir obligaciones y subsanar soberbias ajenas”.

Finalmente denuncian que “cortando el hilo por lo más delgado, quizá con la intención de un mensaje ejemplificador, se operó la remoción de quien ejerciera como directora del Centro Comunitario del Carmen y por ello nos solidarizamos con quienes han resultado víctimas de tan reprochable atropello”.