El equipo desembarcará el lunes y de inmediato comenzarán las exhumaciones con el fin de identificar a presuntas víctimas.
Agregaron que los trabajos comenzarán de manera inmediata en las mencionadas necrópolis, que según las denuncias receptadas por los organismos de derechos humanos locales, albergarían enterramientos clandestinos en los que se ocultarían al menos, los restos de cuatro víctimas del terrorismo de Estado.
Una vez finalizados estos trabajos, el Eaaf definirá dónde realizar las próximas tareas que comprenden la excavación y exhumación de una tumba de un NN en el paraje El Vinalito, en el departamento Copo cerca del límite con Salta y Chaco. Allí fue enterrado el cadáver de un hombre joven y se trataría de una presunta víctima de los grupos de tareas represivos. Es que según manifestaron los vecinos del lugar, en tiempos de la dictadura, el cuerpo de este joven habría sido arrojado desde un avión. Hoy los lugareños lo llaman “El finado Díaz” y suelen prenderle velas y pedirle favores, una práctica usual de la gente del interior.
Asimismo, en la nómina de enterramientos clandestinos se incluyó, en las últimas semanas, un cementerio en el histórico paraje Soconcho, departamento Atamisqui. De acuerdo con una denuncia radicada en el Juzgado Federal local, pobladores del lugar encontraron restos humanos y los volvieron a enterrar. Las sospechas sobre la posibilidad de que se trate de desaparecidos se reforzó con manifestaciones de los habitantes, que recuerdan que en tiempos del gobierno de facto, aviones del Ejército solían aterrizar en Atamisqui.
Las excavaciones e inspecciones oculares también se extenderán hasta la localidad Puerta Chiquita, en el departamento Guasayán, en el que se presume que hay dos fosas comunes en los que fueron enterrados presos políticos asesinados por los grupos de tareas.
Esta situación salió a la luz durante el juicio de la Megacausa, cuando se ventiló el caso de Julio César Salomón, cuyo cuerpo habría sido ubicado en una fosa ubicada al costado de una ruta, en la mencionada localidad.
Durante la instrucción judicial, un centenar de familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad comparecieron en el Juzgado Federal local para permitir la extracción de sangre para un banco de datos de ADN.
Las muestras extraídas en los exámenes serán comparadas con los restos humanos que se sospecha encontrarán en los enterramientos clandestinos.
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