Con una muy fuerte crítica a la actuación del fiscal federal Abel Darío Córdoba, al punto de solicitarle a su superior, el Procurador General de la Nación, que adopte las medidas del caso, la Cámara Federal rechazó la apelación al pedido de detención del abogado Hugo Mario Sierra, en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro medio.

De esa manera, los camaristas Augusto Enrique Fernández y Angel Alberto Argañaraz confirmaron la decisión del conjuez Luis María Esandi, quien había dispuesto la libertad del letrado bahiense, luego de que, un día antes, lo detuvieran por disposición del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF), a cargo del debate en la UNS.

El arresto fue motivado porque algunos testigos, durante la audiencia, relacionaron a Sierra con los delitos, a partir de su función como secretario del extinto juez federal Guillermo Federico Madueño.

Esandi consideró ilegítima la detención, porque el TOCF no tenía facultades para dictarla, por no ser "juez natural" de la causa, ya que el penalista no está siendo juzgado en este juicio y hay una causa abierta en su contra.

En el recurso presentado, el fiscal Córdoba planteó distintos motivos, como que Esandi debía excusarse por supuesta parcialidad, a través de una relación previa con Sierra --medida que ya había sido desestimada previamente por la Cámara-- y también por considerar arbitraria y sin sustento la resolución.

Luego de analizar cada uno de los puntos apelatorios, la Cámara consideró "acabadamente fundada" la resolución de Esandi, teniendo en cuenta que existe contra Sierra un expediente abierto, ajeno a este debate.

Fernández y Argañaraz aclararon que no desconocen que un TOCF tiene condiciones de autoridad competente para detener a una persona, pero "lo esencial es que --al momento en que se ordenó la detención-- existía ya una causa en trámite en el mismo fuero y jurisdicción" contra el penalista.

"Dicho de modo más simple: ya estaba actuando un magistrado que no pudo ser relegado sin desmedro de la garantía del juez natural", expresaron.

Como "amanuenses"

Al momento de cuestionar la conducta del fiscal, los camaristas remarcaron que Córdoba "parece estar convencido de que frente a la mera invocación de 'la especial naturaleza y características de los delitos imputados' los jueces pueden ordenar detenciones sin siquiera ponderar las imputaciones formuladas o subsumir la situación del caso a la ley, como si fueran sus amanuenses (persona que escribe al dictado)".

Agregaron que, como titular de la Unidad Fiscal Especial para delitos de lesa humanidad no puede desconocer la existencia, en plena instrucción, de una causa contra Sierra con los mismos hechos que fueron tomados para pedir su detención.

"En este caso, parece haber sido olvidado por el fiscal, al igual que otras de sus obligaciones legales de mayor jerarquía; pues al requerir y permitir la actuación paralela y simultánea de dos autoridades judiciales en un mismo caso (...) incumplió con su deber de actuar en defensa de la legalidad, velar por el efectivo cumplimiento del debido proceso legal y defender la jurisdicción y competencia de los tribunales", argumentaron.

También le cuestionaron que haya imputado a la Cámara haber designado al doctor Esandi como conjuez, insinuando que "casualmente" fue nombrado un abogado incurso en posible recusación.

"Esas afirmaciones descomedidas pretenden arrojar sombras de sospecha sobre lo actuado y no guardan el estilo y el respeto que deben observarse ante los estrados judiciales, por lo que tanto en el fondo como en la forma este Tribunal las rechaza enérgicamente", expresaron Fernández y Argañaraz.

Por ese motivo, a su vez, pusieron en conocimiento del Procurador General de la Nación "el comportamiento" del fiscal, "a fin de que adopte la medida que corresponda para que dicho funcionario se abstenga de utilizar términos inapropiados al dirigirse al Tribunal", concluyeron los camaristas.

Indagatoria. El abogado Hugo Sierra prestó declaración indagatoria el mes pasado y, luego de que el juez federal titular descartara un nuevo pedido de detención en su contra, le impuso como obligación permanecer dentro de la jurisdicción y prohibir su salida del país.