Arde la Asociación Empleados de Comercio de Rosario: su secretario general, Rubén Ghioldi, y su sobrina y apoderada legal del gremio, Susana Treviño, fueron repudiados ayer a huevazos por un importante número de afiliados como consecuencia de la investigación judicial que los tiene en la mira por presunta administración fraudulenta. El expediente, abierto tras la presentación realizada por un jubilado mercantil, ya sumó una ampliación de denuncia que ahonda en la supuesta autorización y pago de gastos con fondos sindicales sin el aval del resto de la comisión directiva.
El Juzgado de Instrucción Nº10 viene investigando a Treviño, Ghioldi y al secretario de finanzas del sindicato, Oscar Fernández, en base a pruebas que acreditarían que el secretario general autorizó a la abogada a que "dispusiera en su provecho de fondos" de la asociación.
La denuncia fue formalizada el 27 de marzo por Julio González, un jubilado mercantil que, según explicó a La Capital, "no tenía nada que perder". Por eso desafió un historial de "40 años en los que imperó la ley del terror en el gremio, bajo amenazas de suspensiones o desafiliaciones".
Luego la fiscal Graciela Argüelles ordenó el allanamiento de la sede sindical, incautando comprobantes de pago y boletas. "No pueden aclarar la plata que falta", advirtió González, quien insistió en que la asociación está "al borde de un colapso financiero".
Si bien el ingreso de Treviño y Ghioldi al edificio ocurrió sin incidentes, la salida en auto fue tumultuosa: los esperó un abultado grupo de afiliados, portando banderas y bombos, que respondió con huevazos e insultos en señal de rechazo.
González, también querellante en la causa, había ampliado el viernes su denuncia aportando facturas vinculadas a la autorización de gastos por más de 14 mil pesos por los cuidados médicos de sus hermanos.
Además, sindicó al tesorero por la autoconcesión de un préstamo de 9 mil pesos a devolver en 18 cuotas sin intereses. Y repasó el otorgamiento de otro de similares características, pero por 50 mil pesos, a un empleado del Departamento Jurídico.
La Justicia también posó la lupa sobre Ghioldi por autorizar el pago de "cifras siderales" a una agencia de seguridad (Argit SRL) para que vigilara su casa y la de su sobrina, luego de que ambos fueran blanco de confusos hechos: disparos intimidatorios y el robo de una caja fuerte con 30 mil pesos y documentos sindicales.
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