La nota presentada en Buenos Aires con la firma de los distintos representantes de las organizaciones expresa en alguna de sus partes lo siguiente; “Como ciudadanos de la provincia de Formosa, docentes, empleados públicos, religiosos/as, abogados, integrantes de ONGS, gremios, partidos políticos, etc. nos dirigimos a usted y por su intermedio a los integrantes de la FAM, a fin de hacerles conocer nuestra postura, pero fundamentalmente nuestro sentir ante la “sorprendente” declaración de apoyo institucional brindado por la entidad a la gestión del Colegio de Magistrados de Formosa, ratificadas en un programa radial por su secretario, que más que luces han dejado sombras en nuestra sociedad y en la imagen ya deteriorada de justicia en toda la sociedad argentina”.

“Caben varios comentarios al respecto: la asignación de fondos públicos- dinero nuestro, de la gente, de la comunidad, a una obra privada implica nada más y nada menos que malversación, tipificada como tal en los artículos 260 y 261 del Código Penal, al menos así es la aplicación que los jueces realizan al ciudadano común a quienes juzgan, agravado por cuanto se ha realizado “a pedido expreso” de los jueces de la Provincia, en su condición de tales, a excepción de una minoría. Entonces partimos de la base de estar ante una actitud que constituye un reproche penal.

“Sin considerar otros reproches del mismo código, como incumplimiento de los deberes del funcionario, tráfico de influencias, etc., ponemos en su conocimiento que el Estado provincial es uno de los mayores demandados en todos los fueros de la Justicia provincial, máxime cuando actualmente se han vuelto a re-estatizar algunas empresas de servicios como la de energía eléctrica, acciones de Aguas, etc, que desencadenaron en reclamos judiciales de proveedores, empleados de la propia empresa, sin contar los docentes, jubilados, comunidades aborígenes, ONGS, empleados públicos que se desempeñan en un marco de precariedad laboral, etc. Significando este, uno de los mayores actores en las causas judiciales, que, sin pudor “regala” por “pedido expreso” de los jueces la suma millonaria para la construcción de su quincho, creando sin lugar a dudas para la comunidad ya no un manto de sospecha sino una certeza en la falta de imparcialidad; situación que venimos sufriendo los formoseños desde hace mucho tiempo ante un Estado de fuerte presencia. Todo esto generó la falta de legitimidad en los hechos que avalaron, pues las acciones de los poderes del Estado deben ser legales y legítimas, y precisamente este condimento está ausente”.

“Consideramos, con nuestra humilde ciencia, que el juez debe convivir en la sociedad en que se desempeña conforme la realidad. No puede quedar al margen de ella, no vive en una cajita de cristal en medio de tantas necesidades, no es un extraterrestre, y pedir que nuestro dinero sea destinado a un quincho millonario ante tantas miserias no se condice con la actitud que todo ciudadano espera de un juez y potencia el descreimiento en la institución generando rechazo en tal “reparto justo de riquezas” que el propio juez debe moderar en su función para imponer la solidaridad social y política que nuestra constitución provincial establece como mandato, a ser observado, primero, por los poderes constituidos”.

“Las graves y altas conflictividades sociales (movilidad jubilatoria, privatizaciones, medidas excepcionales dictadas, emergencias económicas, rebalanceo de tarifas, “corralitos”, crisis, etc.) llevan a repotenciar la labor del juez en pos del equilibrio social en favor de los más desprotegidos, ante un Estado cada vez más fuerte. Para ello que se requiere una clara independencia de criterio que debe traducirse en clara independencia funcional y personal, no pudiendo escindirse la persona de la institución”. “Todo ello nos mueve a solicitar a los miembros de la Federación de Colegio de Magistrados a no ofender el sentir de este sufrido pueblo avalando, creemos, por desconocimiento de los antecedentes, tanta inmoralidad ante tanta miseria de nuestros hermanos aborígenes, nuestros niños, nuestros pobres, nuestros maestros, nuestros empleados públicos, nuestros médicos, etc., que por contención de gastos deben sufrir salarios de miseria que no alcanzan al sustento hasta fin de mes -los que lo tienen-, y sin escrúpulos se les dice: no al aumento, no a las tierras, no al empleo pleno, etc; porque, los dineros públicos deben destinarse a la construcción de quinchos millonarios para que los que más ganan se capaciten y se reúnan en un lugar “digno”.