Por unanimidad, la Auditoría General de la Nación (AGN), máximo organismo de control de las cuentas públicas, aprobó ayer un informe lapidario contra el servicio de Trenes de Buenos Aires (TBA), la empresa concesionaria de la línea Sarmiento, a la que pertenece el tren en el que murieron 51 personas.

La AGN detectó una "grave y generalizada falta de mantenimiento" por parte de la compañía, fallas en materia de seguridad y "debilidades en los controles" del Estado, que entre 2006 y 2010 incrementó los subsidios que le dio a TBA en un 146%.

El informe revela deficiencias en la tarea de vigilancia a cargo de la Secretaría de Transporte, que, pese a las irregularidades detectadas, no aplicó ninguna sanción ni creó siquiera el régimen sancionatorio necesario para vigilar a la empresa, algo que le había pedido la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Según el informe, la falta de control fue tanto durante la gestión del actual secretario, Juan Pablo Schiavi, como en la de su antecesor, Ricardo Jaime.

"La AGN controla. No puede exigir resolver contratos, pero el Poder Ejecutivo va a encontrar en nuestros informes fundamentos suficientes para que, si lo considera, rescinda éste", dijo el presidente de la Auditoría, el radical Leandro Despouy.

Fue una respuesta directa a la Presidenta. Anteayer, Cristina Kirchner había defendido con énfasis su política ferroviaria y había dicho que "ningún organismo de control, ni siquiera la Auditoría", le había pedido que rescindiera concesiones.

En la reunión de ayer, los auditores radicales insistieron en que la AGN "no coadministra", emite dictámenes técnicos, pero Despouy advirtió que el informe revela faltas de mantenimiento que encuadran en las causales de "terminación del contrato por culpa de la concesionaria".

Fue entonces cuando el kirchnerista Vicente Brusca lo interrumpió: "Usted dijo que no corresponde a esta Auditoría recomendar la rescisión del contrato, pero no está hablando del informe, sino de la posición de la UCR sobre la rescisión".

Brusca pidió, además, que no se tapara "el sol con la mano" y, en total coincidencia con el discurso presidencial, dijo: "Este informe es oportuno, pero no olvidemos que se hizo más en los últimos ocho años que en décadas de historia ferroviaria".

En cuanto al informe en sí, no hubo debate. No bien empezó la reunión, los siete auditores coincidieron en que lo aprobarían por unanimidad.

El kirchnerista Oscar Lamberto fue quien informó que en las últimas horas se habían hecho 50 modificaciones formales y leyó las principales conclusiones del estudio. Relató, por ejemplo, que los subsidios habían crecido un 146% en cuatro años y que estos fondos se asignaron, cada vez en mayor proporción, al rubro "personal" (nuevos empleados y aumentos salariales). Representaba el 46% en 2003 y un 70% en 2010.

También sostuvo que se había advertido un "alto grado de deterioro" en materia de infraestructura (que provocó, por ejemplo, el 61% de los descarrilamientos de 2009) y que los planes de mantenimiento fueron "insuficientes". Por eso, entre las recomendaciones finales del informe está intimar al concesionario a cumplir con su deber de mantenimiento y efectivizar las sanciones.

Este documento fue girado de inmediato al Congreso, al Poder Ejecutivo y al juez que investiga las causas de la tragedia de Once..