El Comité Capital de la Unión Cívica Radical expresó que, a solo un mes de la asunción de Luis Larrañaga (PJ), la ciudad de Santa Rosa comenzó a "retroceder" en sus políticas públicas. Incluso, dijo que tiene "prácticas de la dictadura", como echar a trabajadores por su afiliación política.
"Un observador desprevenido podría suponer que el nuevo intendente de la ciudad le falta experiencia y por eso está cometiendo algunos errores en su afán de hacer cosas. Pero lo hasta aquí visto nos muestra que está empeñado, más que nada, en diferenciarse de la gestión anterior, pretendiendo cambiar, borrar, ignorar o mal interpretar temas, situaciones o cosas que habían tenido un claro consenso social. Y en este sentido resultan alarmantes sus aparentes apresuradas decisiones, como los anuncios de eliminar la Secretaría de Cultura o de privatizar el servicio de recolección de residuos domiciliarios, ya que sin querer van definiendo un perfil, que en la campaña electoral no mostró o lo escondió", manifestó.
El Comité expresó que si bien es cierto que en el caso de Secretaría de Cultura, al volver sobre sus pasos, "la cuestión quedó resuelta favorablemente", no puede decir lo mismo con el tema de la basura, su recolección y el tratamiento final. "Por más que se rectifique y deje de lado su intento privatizador, el daño que ya le ha hecho al sistema mismo, es enorme. Fundamentalmente, porque sus declaraciones han sembrado desconcierto y desanimo en la población que venía, en gran medida, clasificando los residuos desde sus propios domicilios".
Por otro lado, dijo que era "muy negativo" y basado en una "concepción autoritaria" el anuncio de que no se van a desarrollar audiencias públicas en su gestión. "Este es un aspecto que va más allá de la audiencia anulada por el proyecto Medasur, de por sí repudiable", manifestó.
También se refirió al Plan Integral Vecinal. "Si bien plagado de concepto generales de participación, trae camuflado la intención de lograr el control partidario de las Comisiones Vecinales, que habían demostrado ser un canal valido de interacción entre los barrios y el municipio", dijo el comité.
Asimismo, repudió la "arbitraria y discriminadora" actitud de no renovar los contratos laborales de agentes que prestaban servicios en la Dirección de Acción Social, por su filiación política. "Es una práctica de la dictadura", dijo.
Finalmente, cuestionaron que el control de las cuentas no haya quedado en manos de la oposición. "Queremos subrayar la regresión que significa que el contralor de las cuentas de la municipalidad no esté a cargo de la oposición política, ya que afecta a la necesaria transparencia que deben regir los actos de gobierno".

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