Pautaron que las petroleras deben aplicar el criterio de máximo desarrollo de las cuencas, a través de métodos y procedimientos convencionales y no convencionales.

Se verificará que cumplan con el principio de explorar la totalidad de los permisos de exploración y concesiones de explotación; y se aplicarán todas las herramientas legales con el fin de quitar las concesiones en aquellos casos donde se compruebe desinversión, inversión escasa o subinversión.

Los firmantes del convenio acordaron que en 15 días las provincias establecerán y comunicarán las inversiones mínimas necesarias para cumplir con las metas que maximicen los volúmenes de producción.

Por su parte, a las refinadoras se les pedirá que compartan los sobrecostos en que debe incurrir el Estado nacional por importación de combustibles para abastecer al mercado interno, a la vez que se les exige un esquema no discriminatorio de distribución en función de la demanda, y que realicen las inversiones necesarias para aumentar la capacidad de refinación.

Además, los beneficios impositivos otorgados por Nación y las provincias en la provisión de combustibles deberán llegar a los consumidores y no ser “capturados como renta por parte de las empresas”.

El convenio, denominado Acuerdo Federal de los Hidrocarburos, fue suscripto en el Hotel Sheraton Libertador de Buenos Aires por el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag; de Chubut, Martín Buzzi, (presidente de la Ofephi); de Jujuy, Eduardo Fellner; de La Pampa, Oscar Jorge; de Mendoza, Francisco Pérez; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Salta, Manuel Urtubey; de Santa Cruz, Daniel Peralta; de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos; y de Formosa, en representación del gobernador, el ministro de Economía de esa provincia, Jorge Ibañez.

De parte del gobierno nacional lo hicieron el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el de Economía, Hernán Lorenzino; el secretario de Energía, Daniel Cameron; el secretario de Política Económica, Axel Kicillof; y el de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta.

Por los sindicatos, firmaron el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Guillermo Pereyra, además de los titulares de los gremios petroleros de Santa Cruz, La Rioja, Jerárquicos de Neuquén, Río Negro y La Pampa, de la Patagonia, como también los representantes de la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios y el de la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural.

Fuertes cuestionamientos

En los considerandos del acuerdo, se consignó que la caída de producción de petróleo y gas en el país en los últimos 10 años es del 18 y el 11 por ciento, lo que genera una merma en la percepción de regalías, un fuerte impacto fiscal por las divisas que se deben destinar a la importación de combustibles y “que las empresas están en posibilidades de producir en el país”. Se señaló a YPF como principal responsable global, sobre la que se indicó que perdió el 30% de la producción de petróleo y el 35 de gas, con jurisdicciones en donde este último recurso alcanzó una caída de más del 40%.

“Todo lo expuesto afecta a la competitividad de la economía en su conjunto y al proceso de inclusión social, ejes del modelo político, económico y social que se viene llevando adelante en Argentina desde el 25 de mayo de 2003, al que adherimos todos los firmantes”, se enfatizó.

Después, se citaron los “sucesivos y reiterados anuncios de hallazgos de hidrocarburos no convencionales” desde 2010 a la fecha realizados por YPF y se advirtió: “Luego de los infructuosos pedidos desde el Estado Nacional para que YPF Repsol defina la política empresarial a aplicar para el monitoreo y adecuada implementación de los planes estratégicos de inversiones y exploración, finalmente se pudo conocer la primera certificación sobre el volumen de reservas, y ésta no compensa en modo alguno el 35% de reservas perdidas sin explicaciones y no asegura el cumplimiento de las inversiones, ni resuelve la situación que ha colaborado a crear en los últimos cinco años y que funda la necesidad del presente documento”.

Se explicó que “como dichos anuncios nunca llegaron a consolidar un plan concreto de desarrollo sustentable y creíble de producción, y parecen más apuntar a una especulación bursátil, reiteramos desde este organismo Federal que se aseguren las inversiones necesarias para explorar dichas reservas, con plazos y montos de inversión precisos”.

También se apuntó a “un accionar discrecional” en algunas de las principales empresas operadoras en los últimos cinco años respecto al destino de los flujos de fondos de sus negocios al “maximizar beneficios propios y de corto plazo, en lugar de destinarlos a un desarrollo armónico” de las concesiones.

El último punto de los considerandos, resalta que las empresas “deberán modificar sus políticas en pos de poner en el necesario y justo equilibrio el interés común con el beneficio económico de sus corporaciones” y en “hacer consecuentes los anuncios con los hechos”.