Desde la Confederación General del Trabajo se cuestionaron las declaraciones y el pedido de juicio político presentado contra los miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia por el actual senador arista José Martínez, y manifestaron que existiría algún interés oculto detrás de esta iniciativa del parlamentario nacional.

Sobre el tan discutido tope salarial plasmado en la constitución provincial, el inciso 4 del Artículo 73 de nuestra Constitución literalmente señala que “la remuneración por todo concepto que perciban los empleados y funcionarios públicos, tanto electos como designados, de cualquiera de los tres poderes provinciales, organismos y entes descentralizados, en ningún caso podrá superar a la del Gobernador de la Provincia. No existirán partidas para gastos reservados” es el que origina la controversia y se manifiesta como un claro acto de hipocresía de la clase política, toda vez que aún no está claro “la remuneración por todo concepto” que percibe nuestra Gobernadora.

En tal sentido, el secretario General de la CGT, Miguel Olivares, expresó que es de público conocimiento y se sabe el monto que le ha fijado, en concepto de sueldo (no confundir el sueldo con la remuneración), la Legislatura de la Provincia a nuestra mandataria, pero “no se sabe en cuánto se la ‘remunera’ con el alquiler de su vivienda de funcionario, la vestimenta, los viáticos, los alimentos, los empleados “domésticos” que la asisten, los gastos de representación, los pasajes y la movilidad, los gastos reservados, etc. Es decir que mal se le puede aplicar a un empleado o a un funcionario el mencionado artículo constitucional”.

Asimismo, indicó que “nos guste o no esta gestión del Tribunal se ha abocado a ejercer el debido control sobre los actos públicos, cosa que en años anteriores era un viva la pepa”, y agregó que “también hay que decir claramente que este cambio lo permitió la lucha de los trabajadores, y la presión de las bases, que con el cambio de autoridades empezó a cambiar el rumbo, se dejó de inventar excusas, sobre la prescripción de los actos administrativos del Poder Ejecutivo para “dejar caer”, por el simple paso del tiempo, los expedientes, y si no que explique Ricciutti qué paso con el informe con los cargos a rendir de Manfredotti, y que recuerde el senador Martínez cómo él y Manuel Raimbault tuvieron que hacer la denuncia penal”, porque la misma prescribió en la oficina de Herrera, sin resolución.

Además, refirió el dirigente gremial que esta maniobra “esconde como objetivo real una nueva neutralización del control público, primero lo intentaron negándole los recursos para funcionar, en revancha por el convenio chino, que supiera denunciar la CGT Ushuaia y hoy que el Tribunal controla y molesta, poniendo en evidencia la incapacidad de la actual gestión, con el más claro y patético ejemplo: el Ministro de Obras públicas le pide a la Legislatura que haga algo para que el Tribunal no los controle tanto... Y no intervenga en forma previa en todos los certificados de obras”.

Finalmente, desde la Confederación se argumentó que se desprestigia al Organismo profiriendo acusaciones de no controlar y en lugar de denunciar incumplimientos puntuales, acusan a los vocales por cobrar titulo y antigüedad. ¿Qué le molestará al senador Martínez y al Poder Ejecutivo Provincial? ¿Qué persiguen en el fondo? ¿El motivo real no será desplazar a algún vocal, para poner gente del propio palo y cubrir las espaldas en la salida? Por estas razones la CGT Ushuaia reclama y defiende la autarquía del Tribunal de Cuentas de la Provincia y denuncia un nuevo intento del Poder Ejecutivo para violar su independencia de criterio y su autonomía encubierto en una descarada pancrudez”.