Los adjudicatarios del Barrio Judicial II, en Los Pocitos, volvieron a reclamar una solución a sus quejas por la sobreventa de lotes, que pone en peligro la obtención de sus casas. Las familias afectadas reiteraron sus protestas frente al Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), cuyo interventor, Gustavo Durán, insistió en que no tiene responsabilidad en lo ocurrido.

Los manifestantes cuestionaron duramente a la titular de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales, Ada Altuve, y remarcaron que desde principios de mes se cerró todo diálogo con ese sindicato. "A fines de setiembre pidieron una prórroga para dar una solución concreta, pero sólo fue un engaño más. No desmienten que hubo una sobreventa, pero se escudan al aseverar que hay planes caídos que no están en vigencia y que quienes compraron en ese momento no tienen derecho a reclamo alguno", explicó Adriana Campos, firmante del comunicado de la comisión de perjudicados.

El grupo acusó a dirigentes sindicales de proferirles amenazas e intimidaciones, al tiempo que reiteraron su pedido de audiencia al gobernador, José Alperovich.

La denuncia original es que hay unas 300 familias que le pagaron al gremio entre $ 2.000 y $ 6.000, cuando el cupo máximo para el futuro barrio es de 227 casas, que se están construyendo. Hasta el momento, el Ipvdu carece del padrón definitivo de los beneficiarios, por lo cual no puede chequear que los papeles estén en orden.

"El Ipvdu no es cómplice ni responsable de esta situación, que está centrada en el gremio judicial. Por el contrario, esperamos ansiosamente que nos remitan el listado para poder descomprimir la situación, tal como se comprometieron desde la entidad sindical", señaló Durán.