"No creemos que haya habido mala fe, pero tampoco nos gusta que nos tomen por estúpidos. Porque para tapar baches y cortar yuyos, con una recaudación de 4 millones de pesos, ministro, démelo a mí que yo lo hago".

El irónico comentario del presidente del bloque kirchnerista de diputados de la provincia, Luis Rubeo, marcó la fuerte impugnación de todo el justicialismo al proceso por el cual el gobierno de la provincia concedió la administración de la autopista Santa Fe-Rosario en forma directa, y provisoria, al consorcio vial Edeca- Supercemento.

Para la oposición, no sólo el acto está viciado de nulidad -y por lo tanto reclamó que sea dejado sin efecto-, sino que tampoco se explican las contradicciones del Poder Ejecutivo -que primero informó que la explotación iba a ser asumida por el Estado- ni justifican los criterios con los cuales se tomó la decisión, limitando el ofrecimiento a cuatro empresas, sobre las treinta que figuran en los registros oficiales.

Buena fe y transparencia

Precisamente, la buena fe fue uno de los principales ejes de la defensa del ministro de Aguas y Servicios Públicos, Antonio Ciancio, en su exposición de esta mañana ante los legisladores. Los otros fueron la transparencia del proceso y la urgencia de la decisión, que llevó a limitar el número de participantes invitados. "Podríamos haber llamado a más, pero estábamos en una urgencia, y al primero que nos dijo que sí, le dijimos 'bueno, firme acá' ", graficó.

"La transparencia es propia de mi ser, en mis 63 años mi conducta ha sido intachable, este gobierno es transparente, idóneo y con técnicos de primer nivel", comenzó diciendo el ministro, en su exposición previa, acompañado por el secretario de Servicios Públicos, Alejandro Boggiano.

Luego hizo una extensa recapitulación sobre los antecedentes de la administración de la autopista, desde la concesión en 1998, haciendo hincapié en las sucesivas prórrogas y renegociaciones. Y consignó que la provincia no se hizo cargo por las complicaciones que se advirtieron.

"Teníamos que empezar a pagar IVA e Ingresos Brutos y eso no es propio del Estado, había que ver que hacíamos con el personal, y cómo hacernos cargo de cortar el pasto y tapar baches. Entonces pensamos que había que prorrogar con Aufe. Lo intentamos, pero ellos no fueron transparentes y casi extorsionaban pidiendo que no se pagara canon.

Pedían además que la tarifa se llevara a cuatro pesos, entonces no fue una opción viable".

"Así llegamos a la contratación directa sobre la base de lo que en derecho se llama la razonabilidad del funcionario. El fin es la licitación de la autopista, pero había que ver cómo se salía de la transición", explicó.

Cuestionamientos

Luis Rubeo cuestionó por qué se insistió en negociar con Aufe, si los propios legisladores del oficialismo planteaban otras alternativas, como la constitución de una unidad ejecutora a través de la provincia. Ciancio volvió a decir que la provincialización era una salida muy compleja.

El justicialismo retrucó entonces que en su primera exposición ante la cámara, Ciancio no mencionó otras alternativas en estudio.

Mario Lacava (PJ-Compromiso con Santa Fe) exigió la copia del expediente con todas las tramitaciones, que le fue negada con el argumento de que estaba en el Tribunal de Cuentas, provocando el enojo del legislador. "Antes de que el decreto se firme, el expediente tenía siete hojas. Cuando se termina de concretar, pasó a 240", argumentó.

Desde el departamento jurídico del ministerio se invocó el Art. 148 de la ley de Administración Financiera que autoriza las contrataciones directas en casos de urgencia e imprevisión. Pero Lacava insistió en que "acá no hubo urgencia ni imprevisión, porque ustedes ya sabían el 10 de marzo cuando vinieron a exponer que la licitación terminaba el 30 de junio y Aufe se iba, y que había que llamar a licitación. Había tiempo, había 90 días".

Precisamente, en el afán del PJ de demostrar que no hubo urgencia, los justicialistas hicieron admitir al ministro que en 2008 y 2009 se contrató a expertos para estudiar y rehacer los pliegos licitatorios.

El radicalismo, cuyos legisladores habían propuesto que el Estado se haga cargo, mantuvo una presencia dispar durante el encuentro, al punto que muchos -como Santiago Mascheroni y Hugo Marcucci- se retiraron antes de que terminase.

Como conclusión, el PJ pidió que se deje la contratación sin efecto. Y advirtieron que, según lo que dictamine el Tribunal de Cuentas, la cuestión puede terminar ante la Justicia.

SM - El Litoral