Los Gobiernos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, en su compromiso con la equidad y la justicia social, impulsaron una reforma tributaria que busca saldar una deuda histórica con la ciudadanía.

En efecto, sólo tendremos un sistema tributario progresivo con la justa contribución de todos los sectores de la sociedad.

La falta de actualización del valor de la tierra rural es un problema estructural de la Provincia de Buenos Aires. De hecho, la única valuación fiscal importante fue en 1955, cuando se llevó adelante el primer catastro. Pero desde entonces, diversos grupos de interés han presionado para evitar el revalúo de las tierras.

Lo narrado no constituye un hecho aislado, sino que es reflejo de lo difícil que es enfrentarse a los particularismos. Algunos economistas afirman que los severos quiebres político-institucionales que sufrió nuestro país a lo largo de su historia implicaron el triunfo de los sectores económicos con mayor poder en el país y la destrucción del sistema productivo con equidad social establecido por el general Perón, derrumbando con el eficaz accionar del establishment la progresividad del sistema tributario.

Lamentablemente, los sucesivos contextos históricos han impedido subsanar esta injusticia social y, al no poder actualizar el valor fiscal de las tierras, los gobiernos provinciales han utilizado coeficientes zonales de ajuste que provocan importantes distorsiones al impuesto, eliminando su progresividad. Así es que el mayor peso tributario recae sobre la industria manufacturera, mientras que el sector rural se encuentra entre los sectores que menos aportan al fisco provincial.

Este sector no sólo se beneficia del comercio de granos y carnes a precios ventajosos, sino que experimenta una ganancia patrimonial excepcional producto de la valorización de sus tierras. En diez años, el valor de la tierra en nuestra Provincia aumentó en promedio un 570%, sin su correlato en la valuación fiscal. En 2011, el Impuesto Inmobiliario Rural representó el 2% de lo recaudado por la Provincia de Buenos Aires.

Por eso, buscamos recuperar la progresividad tanto territorial como por tamaño de las propiedades en el Impuesto Inmobiliario Rural. De esta manera, todos podremos, en la medida de lo que es justo y equitativo, contribuir y ser parte del progreso de nuestra Provincia.

Se desgravan las mejoras productivas (silos, galpones, molinos, aguadas, etc) focalizando el impuesto inmobiliario rural sólo sobre la tierra y beneficiando la actividad productiva, y se disminuye la carga sobre edificación rural eximiendo a las viviendas rurales de menor valuación.

Con esta modificación, un 62% de partidas (40% en hectáreas) disminuyen de valor respecto a lo que están pagando en la actualidad, lo cual marca y reafirma la necesidad de realizar las modificaciones propuestas.

En San Antonio de Areco, el impacto de la reforma es el siguiente:

a)NUEVA BASE IMPONIBLE: $15.678 en Pesos por Hectárea.

b)VARIACIÓN PROMEDIO DEL IMPUESTO DETERMINADO: $35 Pesos por Hectárea.

c)VARIACIÓN PROMEDIO DEL IMPUESTO DETERMINADO: 2,9 Kilos de Novillo por Hectárea.

d)PORCENTAJE DE PARTIDAS SEGÚN RANGO DE VARIACIÓN IMPOSITIVA (EN PESOS POR HECTÁREA):

1.DISMINUYE EL IMPUESTO: 67%2.SE MANTIENE IGUAL: 12%3.HASTA $10 POR HECTAREA: 3%

4.DE $10 A $25: 4%

5. DE $25 A $40: 3%

6. DE $40 A $60: 3%

7. DE $60 A $80: 2%

8. DE $80 A $100: 2%

9. DE $100 A $120: 2%

10. DE $120 A $140: 1%

11. DE $140 A $160: 0%

12. MAS DE $160: 0%

De esta manera podemos concluir que en San Antonio de Areco, sólo el 21% de las Partidas cargan con el aumento del Impuesto Inmobiliario Rural, distribuido de la manera antes referida. Un 12% se mantiene igual y un 67% DISMINUYE EL IMPUESTO.”

Francisco Durañona