La pesquisa fue iniciada por el juez Carlos Flores -hoy envuelto en un juicio político-, quien requirió decenas de informes y tomó numerosas declaraciones testimoniales. El fue quien dividido la causa de David por un lado y las de las fundaciones por el otro, a raíz de que la maraña de pruebas e indicios lo obligaron a tratar de armar por separado un gran rompecabezas.

Cuando él fue ascendido al Tribunal de Impugnación, llegó al Juzgado de Instrucción 3 la jueza Laura Armagno. ¿Qué hizo? Paralizó absolutamente la investigación. Ni siquiera pidió una documentación al MBS. Esa conducta, directa o indirectamente, benefició claramente no sólo a los imputados, sino también a otros hombres del poder. A tal punto, que excepto algunas voces aisladas desde la oposición, nadie dijo una palabra sobre el congelamiento de la causa durante los dos años y medio que la magistrada estuvo al frente del tribunal. Ni siquiera se oyeron objeciones desde la cúpula de la Justicia.

A partir de la implementación del nuevo Código Procesal Penal, en marzo del año pasado, el juez Néstor Ralli acumuló los expedientes de su juzgado y los del Juzgado 3. Tardó unos meses en acomodarse y a mediados de 2011 empezó a mover nuevamente la causa a partir de un pedido de la fiscal Susana Alvarez, quien ya había impulsado medidas probatorias durante la instrucción de Flores, pero que durante el tiempo de Armagno estuvo alejada del caso porque había sido designada fiscal subrogante en una cámara criminal.

Ralli, frente a una expediente que tiene 15 cuerpos y casi 3.000 fojas, trató de delimitar el objeto de la investigación y le apuntó a tres de las cinco fundaciones truchas involucradas en la pesquisa. ¿Por qué unas sí y otras no? La elección se basó en el texto de la promoción de la acción penal impulsada por la fiscal Alvarez en 2006. La funcionaria, en ese escrito, pidió saber adónde iban los subsidios y aportes que desde Deportes y el M.B.S. se giraron entre 1998 y 2003 a la Comisión de Apoyo al Albergue Provincial, a la Comisión de Apoyo para el Fomento de Desarrollo y Actividades Deportivas y a la Asociación Cooperadora para el Alto Rendimiento. Sus sospechas apuntaban a que parte de esos fondos pudieron ir para David. Por eso aquella frase del comienzo: "... los otros ocho iban para otro lado", en alusión a que si bien las instituciones estaban relacionadas con disciplinas deportivas, apenas una ínfima parte se giraba a las federaciones.

Un nuevo camino.

Una vez tomada esa decisión, el juez sumó dos nuevos imputados -a los diez que ya había- antes de fin de año, el propio David y una empleada suya en Deportes, Carina Villarías. A ambos los indagó como sospechosos de haber cometido un delito. El primero no declaró; la segunda sí, pero dijo que cumplía tareas meramente administrativas. Sus palabras, aseguran en la Ciudad Judicial, dejaron bastantes dudas.

Después incorporó una pericia contable sobre en qué se gastaron los fondos públicos que recibieron esas tres entidades desde la cúpula del ministerio. El trabajo, que estuvo a cargo de dos contadores del Poder Judicial, trajo luz a la investigación. Ralli no se detuvo en averiguar si las fundaciones rindieron correctamente esos dineros ante el Tribunal de Cuentas, sino que se ha preocupado en establecer si ellas sirvieron de "pantallas" para manejos irregulares de David y, eventualmente, de otros funcionarios marinistas o empleados de cierta jerarquía. "A priori, parte de los fondos salían de Deportes, se triangulaban a través de las asociaciones y volvían a David", explicó un vocero judicial.

Con esta nueva información -el destino de la plata-, el juez está en condiciones de avanzar sobre las responsabilidades de cada uno de los imputados (los dos mencionados, más las autoridades de las dos comisiones y la asociación) y resolver, en la segunda parte del año, si los procesa o dicta faltas de mérito. Es posible que algunos zafen, pero otros aparecen muy complicados. ¿Delitos? Podría ser peculado, sancionado con entre dos y diez años de prisión.

¿Qué pasará con Hacer Pampeano y Fundación Patagonia Deportiva, las otras dos instituciones que Flores tenía en la mira? Por ahora, es una incógnita. La primera tenía vinculación con la ex subsecretaria de Promoción y Asistencia a la Comunidad, Elsa Labegorra; en la segunda estaban el ex ministro de Bienestar Social, Santiago "Patucho" Alvarez, el ex subsecretario de Salud, Eduardo Filgueira Lima, y el propio David.

El "no" de Romero Oneto

La denuncia original contra David, por enriquecimiento ilícito, data de 2004 y fue formulada por los diputados opositores Ricardo Consiglio, Delia Braun, Josefina Díaz, Carlos Faus, Mario Cayre, Julio Bergués y Adrián Peppino. En un primer momento el juez Flores y la fiscal Alvarez no le dieron curso porque consideraron que no existía un "accionar delictivo" como para abrir una causa penal.Por eso le dieron vista al fiscal de Investigaciones Administrativas, Enrique Manuel Romero Oneto, quien renunció después de zafar de su destitución en un jury que se definió por apenas un voto. El tuvo la denuncia durante dos años y lo archivó en 2006 sin siquiera investigar el destino de los fondos recibidos por las tres instituciones vinculadas a la Dirección de Deportes en aquellos años. Utilizó el simple argumento de que el patrimonio de David no había tenido un incremento "apreciable, ni de magnitud" como exige el Código Penal; aunque lo que significa apreciable no está definido en ese texto. Sin embargo, Flores y Alvarez reimpulsaron el caso y abrieron la causa penal, en septiembre de 2006, cuando Consiglio aportó un dato nuevo: dijo David había justificado una mejora patrimonial de 40.000 pesos a través de una donación de un tío, de acuerdo a las declaraciones juradas presentadas ante el Tribunal de Cuentas.