Cabe recordar que, a pedido de Palermo, Bento había imputado a Romano (y al también camarista Luis Miret), por no investigar detenciones ilegales, torturas y desaparición de personas ocurridas durante el último gobierno militar.

Sin embargo, días atrás se conoció que la Cámara Federal de Mendoza aceptó el pedido de recusación de Romano contra Bento y lo dejó fuera de la investigación, impulsada desde sectores del poder político, luego de que un fallo de Romano (que compartió con Alfredo López Cuitiño y Julio Petra) ratificara la suspensión de la polémica ley de control de medios.

La posición de Romano, que integra la Cámara Federal de Mendoza, se conoció a través de una carta titulada "La utilización política de los derechos humanos", que el mismo magistrado envió a Los Andes, y que se reproduce a continuación.

"En estos días se ha informado de una grave crisis institucional en la Justicia Federal de Mendoza por el Procurador General de la Nación, doctor Esteban Righi, cuyos fiscales y procuradores generales intervienen en todos los procesos que establecen la Constitución y las leyes.

"La Cámara Federal de Mendoza ha ejercido su función en un todo de acuerdo a las normas que rigen para las partes conforme el Código Procesal Penal, sin que un fallo adverso, como el que motivara su reacción, constituya una crisis institucional sino una contingencia procesal posible.

"Extraña que en la única oportunidad en que se dicta una resolución interlocutoria favorable, ejerciendo mi derecho de defensa, se acuse a los magistrados superiores actuantes y sin criticar el contenido de la pieza jurídica, cuanto menos, de parciales y amigos, al tiempo que se defiende encarnizadamente al juez Walter Bento. ¿Será que éste es proclive a ceder complacientemente a los pedidos de los acusadores? Hasta aquí es lo que ha demostrado.

"Todo comenzó cuando los organismos de Derechos Humanos -mientras la Sala "A" que integro estudiaba y luego fallara contra la vigencia constitucional de la ley de medios- desataron una inédita acusación de violación de derechos humanos que no se sostiene por sí misma.

"El fiscal Omar Palermo, fiscal especial designado por el nombrado procurador general para encargarse de la tarea persecutoria, realizó una acusación contra diversos magistrados del Poder Judicial de la Nación -entre los que me encuentro- que nos desempeñáramos durante el llamado proceso militar, por haber permitido y asegurado con nuestra pasividad -ya que no iniciábamos procesos contra los represores - la necesaria impunidad para que cometieran graves violaciones a los derechos humanos.

Tamaña acusación fue presentada luego de más de 30 años contra personas que jamás tuvieron un reproche de tal gravedad y semejante naturaleza.

"Es un absurdo pensar que durante la dictadura más cruenta, organizada, que ideó un plan clandestino y poderoso de exterminio que no cedió ni ante la presión internacional, pudiese un grupo de funcionarios judiciales de Mendoza evitar su accionar criminal.

"Pero la mayor hipocresía es que jurídicamente se oculta, para sostener dicha premisa, prohijada por organizaciones que lucran con ello y de una ideología excluyente del derecho y la justicia, que las fuerzas militares, policiales y penitenciarias se encontraban bajo la jurisdicción del Código de Justicia Militar (art. 4, ley 19.081 y Decreto N° 2.771 del 6/10/1975), por lo que la Justicia Federal o la ordinaria de la provincia nada podían hacer.

No contábamos con fuerzas a nuestro cargo, pues ellas estaban bajo mando militar, no respondían a órdenes contrarias al sistema instaurado.

"El propio fiscal, doctor Strassera, quién actuó en el juicio a las Juntas Militares y cuya hombría de bien es incuestionable, al conmemorarse los 30 años del golpe militar, describió las condiciones en que actuaban los funcionarios judiciales: 'La justicia no podía hacer absolutamente nada. No tenía ningún poder en ese momento'. (A 30 años del golpe de estado de 1976, en Diario Judicial, 23/03/2006).

"Con este absurdo e insólito criterio el mencionado ex fiscal, el actual miembro de la Corte doctor Zaffaroni y muchos ilustres magistrados deberían ser también sometidos a proceso.

"Respecto de los dichos del ministro Adaro, requiriéndome 'un último dejo de dignidad y (que) me someta a la justicia', le replicó que estoy sometido, pero no entregado y sin las debidas garantías como él parece pretender. Ese alto funcionario debería preocuparse y esforzarse porque se investiguen y castiguen los hechos de corrupción que han conducido a la indigencia, miseria, deserción escolar e inseguridad que nos afecta a todos.

"Los derechos humanos constituyen un valor indiscutible en nuestra cultura política actual, sólo que la delicada misión de su defensa debe ser ejercida dentro de los límites de la prudencia e igualdad y exenta de cualquier intencionalidad política espuria o de venganza".