La Asamblea Ciudadana por la Preservación de las Sierras de Tandil, se sumó en las últimas hora a las críticas de otros sectores -como el bloque de concejales de Unión Pro- contra la iniciativa oficial que apunta a la creación de un nuevo tributo por modificaciones en el uso de suelo.

Tal como adelantara NUEVA ERA en su edición de la víspera, el oficialismo presentó un proyecto de ordenanza tendiente a establecer un tributo a aquellos propietarios que se vean beneficiados por modificaciones en el uso del suelo que impliquen una revalorización del inmueble.

La norma, denominada de «plusvalía urbana», se encuentra por estas horas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y ya tuvo visto bueno de la de Interpretación y Acuerdos Legales.

A través de un detallado documento, los preservacionistas enumeran una serie de irregularidades respecto al cumplimiento del Plan de Ordenamiento Urbano, pero suman ahora las críticas a la reciente iniciativa.

La situación, advierten desde la Asamblea, «puede ser más grave: si el proyecto de convenios urbanísticos se aprueba, cuando las reglamentaciones lleguen, tampoco serán obstáculos para el negocio inmobiliario, ya que facilitará el otorgamiento de excepciones».

«El apuro en aprobar el proyecto de convenios urbanísticos -en referencia a la iniciativa de plusvalía urbana- es una forma de garantizar a los inversores privados que se le ‘buscará la vuelta’ para que puedan hacer lo que no está permitido actualmente».

«Si el proyecto oficial se aprueba, podrán presentar su proyecto en la Secretaría de Obras Públicas, cerrar un acuerdo con una pequeña comisión del Ejecutivo, pasarlo raudamente por la comisión de Gestión Territorial vigente, según el Plan de Ordenamiento (no vinculante) y luego al Concejo Deliberante, donde tienen mayoría asegurada» denuncian.

Pese a que, según asegurar a este Diario la concejal Condino que el proyecto «no es ponerle precio a las excepciones», los preservacionistas aseguran que «el uso aprobado por excepción implicará multiplicar la rentabilidad y la valorización inmobiliaria».

«El argumento oficial es que, mediante la ‘plusvalia’ o ‘participación en renta urbana’ se podrá recaudar y esto encubre varias falacias, entre otras: a) lo que se recauda siempre será incomparable con lo que pierde la ciudad por otorgar la excepción, b) el instrumento que debería servir a aumentar la equidad está siendo usado para profundizar la inequidad, ya que la ciudad y la mayoría de la población son expropiadas de ambiente, paisaje y calidad de vida y a la vez serán obligadas a afrontar los costos presentes y futuros por la degradación de la cuenca hídrica y porque a unos ciudadanos se les permite lo que a otros se les niega, c) no es la única manera de recaudar, hay formas genuinas de hacerlo para cumplir adecuadamente con las funciones del estado» y denuncian: «recaudar permitiendo excepciones se parece mucho a cobrar por hacer la vista gorda, pero además, es peor, porque otorga cobertura legal a acciones que transgreden la norma general».