El diario santiagueño El Liberal publicó una editorial en donde tilda de "cómplice" al gobierno de la provincia de Tucumán de las empresas que se encargan de contaminar la cuenca Salí - Dulce al tiempo que le pide más acción y que se "acabe el verso".

El texto de la nota que lleva por título "Contaminación: se acaba el tiempo ante el silencio cómplice del gobierno tucumano" consigna lo siguiente:

Los empresarios tucumanos ya han demostrado que no tienen una intención seria de hacer las inversiones y cambiar de actitud para que la problemática de la contaminación de la cuenca Salí Dulce comience a resolverse.

Faltan un mes y medio para que comience la zafra y con ella, la producción de bioetanol a gran escala que generará miles de millones de litros de vinaza, y todavía no se conocen las obras y trabajos para que se realice una disposición final de este desecho. Tampoco se ha informado sobre el destino que tendrá la vinaza acumulada en muchas de las plantas y que representa una amenaza para el equilibrio ecológico del sistema hídrico y por sobre todo, para la salud de cientos de miles de habitantes de la cuenca, principalmente de Santiago y de Tucumán.

La preocupación por no saber qué se va a hacer con los millones de litros de residuo contaminante se acrecienta teniendo en cuenta que el gobierno tucumano no da respuestas. Su silencio es interpretado por ambientalistas de su propia provincia como una muestra de complicidad con los ingenios cuyos responsables incluso evitaron cumplir con la citación de la Justicia federal de Santiago del Estero presentando una serie de objeciones de forma al proceso que se les sigue

La inquietud de los santiagueños ha sido sintetizada por el gobernador Gerardo Zamora cuando dijo: “Nos preocupa qué se va a hacer con toda la vinaza que acumulan los ingenios” porque “prácticamente la única vía de escape que vemos por ahora son los afluentes de la cuenca”.

Pasaron dos meses y medio de la firma del acuerdo entre Santiago y Tucumán, y la Secretaría de Ambiente de la Nación, y todavía desde la vecina provincia no hay indicios o gestos concretos de que se está abordando el tema con seriedad. Solamente hay expresiones y promesas del gobierno tucumano de que cumplirá con el plan vinaza y ceniza cero. Sin embargo, poco hizo para exigir a los industriales azucareros a que inviertan en el saneamiento ambiental.

Los mil millones de litros de vinaza acumulados en varios ingenios, producto de la zafra 2011, son una prueba acabada de que las plantas industriales todavía no hicieron los trabajos pactados. Lo peor, es que comenzará de nuevo la actividad industrial y habrá un mayor volumen de este residuo industrial.

Casi en una similar postura, desde la Secretaría de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, advierte que será intransigente y que se clausurará a los ingenios que contaminen, a la vez que apura para que se concreten las inversiones prometidas, pero no pasa más de una reprimenda dialéctica que no se refleja en hechos.

Esta “liviandad” por parte de las autoridades, es aprovechada por los empresarios tucumanos que retomaron la práctica perversa de despedir empleados argumentando que no tienen capacidad de inversión para resolver la contaminación que generan sus fábricas.

Además comenzaron a atacar a las ONGs ambientalistas, acusándolas de estar en contra de la producción de bioetanol y el desarrollo económico de la provincia, cuando en realidad, los ecologistas fueron claros al manifestar que no quieren que se deje de producir, sino que se produzca respetando las normativas ambientales y la salud de las personas.

El 2012 había comenzado con la implementación de un nuevo programa ambiental, pensado para terminar con la contaminación del Embalse Río Hondo provocada por las industrias de Tucumán, y particularmente por los ingenios que destilan alcohol, consideradas las que más agreden al ambiente, y responsables de los mayores desastres ecológicos que sufrió la cuenca Salí Dulce.

La administración de José Alperovich aseguraba que con el plan denominado Vinaza y Ceniza Cero (elementos tóxicos que generan las destilerías), que forma parte del acuerdo entre las provincias, se instrumentarían castigos más severos a las fábricas que no cumplan con el plan.

Pero ¿son creíbles las promesas de los industriales y de los funcionarios tucumanos? Los antecedentes con respecto a otros pactos y compromisos asumidos que no fueron cumplidos, despiertan serias dudas de la credibilidad de los tucumanos. En 1996 el entonces gobernador de Tucumán, Antonio Domingo Bussi, afirmaba que la contaminación del embalse se iba a solucionar, “de a poco”. ¿Qué pasó?: Nada. Y siempre con la excusa perenne de que si invertían en el saneamiento tendrían que cerrar las plantas y dejar gente sin trabajo, las empresas continuaron arrojando sus residuos tóxicos sin tratamiento alguno, incluso en mayor cantidad con el paso de los años, sin que recibieran represalia alguna.

Mientras, comenzaban a aflorar a la superficie del lago un fenómeno que desnudaba la seriedad del problema ambiental que enfrenta la región y especialmente los santiagueños: la mortandad masiva de peces.

Santiago del Estero y sus habitantes, hartos de la actitud irresponsable de los industriales tucumanos y de la pasividad del Gobierno de Tucumán para poner un límite a este accionar, lanzó un grito desesperado de SOS en 2005 para instalar esta problemática a nivel nacional.

Este pedido de auxilio hizo eco en la Casa Rosada que decidió darle institucionalidad al Comité de Cuenca Salí Dulce para fijar políticas ambientales y de manejo del recurso hídrico y a la vez, ordenó a la que era secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, que solucionara el conflicto entre las dos provincias y para ello le dio un fuerte respaldo financiero.

Así nació el Programa de Reconversión Industrial (PRI) que favorecía con créditos blandos solventados por la Nación (con el dinero que aportamos todos los argentinos, hasta los santiagueños) para que los empresarios realizaran las obras para dar el correcto tratamiento a los desechos, antes de arrojar sus efluentes a los cursos de agua del sistema hidrológico que comparten Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Catamarca.

Estas inversiones no se realizaron y mientras que la Nación afirma que se enviaron los fondos y los dueños de las industrias lo niegan, lo concreto es que el problema sigue presente y la vinaza que se arrojaba a ríos y arroyos que alimentan al embalse, siguió aumentando en cantidad lo que quedó claro a fines de noviembre pasado, cuando se produjo el mayor desastre ambiental de la cuenca, con la aparición de muerte de 30 toneladas de peces.

Fue entonces, que cansada de esperar que los empresarios invirtieran en sanear los desechos de sus industrias y del quedo de las autoridades tucumanas a la hora de aplicar la ley, Santiago del Estero tomó una decisión firme y puso entre la espada y la pared a ambos responsables de la contaminación, con un amparo ambiental en la Corte Suprema.

Urgidos de frenar una decisión del máximo tribunal del país, los tucumanos (parte privada y gobierno) nuevamente se comprometieron a cumplir un plan, el Vinaza y Ceniza Cero, y que ahora sí, de una vez por todas, harán lo necesario para acabar con la polución ambiental de sus industrias.

Pero resulta difícil creerles, en una actitud insólita que se produjo a fines de noviembre del año pasado y que colmó la paciencia de las autoridades santiagueñas y del mismo secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, los empresarios tucumanos mientras dialogaban con los funcionarios del Comité de Cuenca y asegurando que iban a realizar las obras y trabajos para sanear sus desechos y evitar seguir contaminando el lago, al mismo momento, arrojaban una cantidad masiva de vinaza que mató a 30 toneladas de peces, muchos de ellos en pleno desove lo que dejó comprometida la reproducción de nuevas generaciones.

“No hay más tutía muchachos, se acabó el verso”, era el reto público que el gobernador de Tucumán, José Alperovich, les profería a sus empresarios. Para que resulten creíbles estas manifestaciones de los funcionarios de la vecina provincia, llegó la hora de que las sanciones contra los responsables del daño sean tan severas como el deterioro que se produce al embalse Río Hondo.

En la última reunión del Comité de Cuenca con Mussi, intimaron a Tucumán para que sea más riguroso con las sanciones y el monto de las multas a los industriales.

“Son irrisorios los montos que se aplican”, se quejaba Juan Carlos Targa, director de Medio Ambiente de Santiago del Estero.

Si se equiparara el valor de las multas y las sanciones (como cierres efectivos) con el daño que producen las empresas tucumanas, seguramente serían drásticas. Quizás sea posible que así se produzca este cambio de mentalidad de los industriales que todavía no entienden que invertir en medio ambiente no es una opción sino una obligación. Tampoco, que no pueden anteponer que se perderían fuentes laborales si es que tienen que realizar las obras y paralizar la producción, para seguir incumpliendo las leyes ambientales, porque lo ilegal no da derecho alguno.

Por su parte, el gobierno de Tucumán debe dejar de ser cómplice de los empresarios y aplicar las medidas correctivas que correspondan, hacer cumplir la normativa, para que realmente se acabe “el verso”.