El gobierno de Celso Jaque salió a acusar al presidente de la Suprema Corte, Alejandro Pérez Hualde, de haber designado irregularmente a cuatro conjueces y un fiscal correccional de la Justicia de Mendoza.

Y mientras el ministro de Gobierno, Mario Adaro, habló de un “creciente marco de discrecionalidad en las designaciones” del alto tribunal, el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, se refirió al tema como “un acto de gravedad institucional sin precedentes”, pidió que los hechos “se investiguen administrativa o penalmente”, denunció que la Corte “se atribuye facultades legislativas y ejecutivas” y alertó sobre el peligro de “un conflicto de poderes”.

A su turno, Pérez Hualde subrayó el carácter de “designaciones provisorias” y destacó que “no está en cuestionamiento la idoneidad de los profesionales elegidos”. Al tiempo que destacó la necesidad de “priorizar la atención de las personas a las dificultades de orden formal interno”.

Las relaciones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial pasaron por altibajos durante la presidencia de Jorge Nanclares en el máximo tribunal, pero se deterioraron rápidamente tras la asunción de Pérez Hualde. Si antes las diferencias se registraban a nivel de la Procuración de la Corte, ahora existen a la altura de la Presidencia.

El enfrentamiento actual fue escalando en los últimos meses luego de una reunión del titular de la Corte con la dirigencia del Confe, en momentos en los que se dirimía si una banca del Senado correspondía al PJ o al Frente Cívico; las diferencias que afloraron durante el último conflicto salarial de los judiciales; la falta de referencias del Gobernador al Poder Judicial en el discurso del último 1° de mayo; el cruce de opiniones por la demora en remplazar a Aída Kemelmajer, y la referencia de Jaque a Pérez Hualde de que “actúa más como un político que como un juez”.

Casos puntuales

En una nota enviada el viernes último al titular de la Corte, el ministro Adaro mostró “la preocupación de este Poder Ejecutivo” por tres situaciones: de la conjuez del Segundo Juzgado de Ejecución Penal número 2 ubicado en el Penal de Almafuerte, Silvina Culós (secretaria del Juzgado que -como conjueza- está remplazando interinamente por licencia a la jueza María Vargas Romero); de la conjueza del Juzgado de Familia de Malargüe María Páramo (subdirectora de Recursos Humanos del Poder Judicial que cubre el puesto de la jueza Gladys Parra, hoy jubilada), y de Armando Farina, hoy secretario-conjuez a cargo del Juzgado Penal de Menores de General Alvear, vacante desde 2008.

En los tres casos, el Ejecutivo cuestionó que los conjueces designados no hayan figurado como postulantes ni aspirantes con examen aprobado en el Consejo de la Magistratura de la provincia, tal como exige la acordada 21.074 de la propia Corte.

“Los nombramientos de estos funcionarios no se encuentran encuadrados dentro de la normativa legal vigente, habiéndose dejado de lado, sin fundamentación expresa, las opciones que imponen la ley y las acordadas reglamentarias dictadas por ese Supremo Tribunal, excediendo las facultades que éstas otorgan”, dice la nota.

El escrito hace referencia también a las situaciones de Nelson Asens, conjuez de la Primera Cámara del Trabajo de San Rafael, quien “reviste la condición de postulante del Consejo de la Magistratura por haber aprobado el examen pertinente, pero resulta ser el postulante con el más bajo puntaje”. Y la de Mauricio Romano como fiscal correccional de General Alvear, “quien es postulante con el puntaje más bajo que sus colegas”. Por lo que destaca que “no se ha aplicado ninguna de las lógicas de las normas en vigencia”.

Para Adaro, “el creciente marco de discrecionalidad utilizado por la Suprema Corte de Justicia para las designaciones impone un llamado de atención”. Y agrega que “este peligroso accionar, consistente en nombrar como conjueces a profesionales del medio que no reúnen los requisitos legales”, conlleva “la posibilidad de excesos desmesurados y situaciones de hecho y de derecho absolutamente inaceptables”.

El escrito dirigido al presidente de la Suprema Corte habla de un “irrazonable ejercicio de la facultad discrecional, que se ha visto incrementado con el transcurso del tiempo y de una acordada a otra”, y espera que “estas situaciones no se repitan e incluso que puedan ser revisadas en profundidad”.

La respuesta

Por su parte, el presidente de la Corte adelantó que la nota “será respondida como corresponde, con el mismo tono con el que ha sido dirigida, y con el mismo rigor técnico que exige la Corte cuando solicita un informe o manifiesta una preocupación”.

“No hago lecturas políticas de este tema”, destacó Pérez Hualde. “Hay 35 magistrados designados como jueces provisorios y las observaciones se han centrado en tres”. Enfatizó que “no hemos hecho nada que no podamos explicar” y “vamos a disipar todas las preocupaciones manifestadas”. También negó que se haya designado como conjueces a profesionales con menor puntaje que otros y subrayó que en el caso de los fiscales interviene el ministerio público.

Pérez Hualde destacó también que “priorizamos la atención de la Justicia para darle respuestas a la gente, sobre todo en los lugares alejados”, y que “estamos atendiendo esta necesidad con jueces responsables e idóneos y esto ha sido reconocido por los Colegios de Abogados”. El magistrado admitió que “en algunos casos no hemos tenido otras opciones” que las adoptadas para cubrir vacantes y dijo “estar dispuesto a modificar procedimientos, en la medida en que encontremos soluciones superadoras”.