Los procedimientos de investigación y juicios de responsabilidad a funcionarios municipales tomaron impulso con la nueva conformación del Tribunal de Contralor al obtener un cambio en sus funciones normadas por ordenanza donde ya no sólo debe apuntar a las cuentas municipales.

Entre enero y agosto de 2010 se iniciaron 13 expedientes que involucran a funcionarios municipales desde el intendente Marcelo Cascón, sus secretarios, asesor letrado y otros responsables de áreas, mientras que en 2009 se cancelaron 5 juicios de responsabilidad que tuvieron sanciones punitorias a funcionarios actuales y de la gestión anterior.

"No podemos dejar de llamar la atención de las cosas", dijo a ADN, Edith Garro, vocal del Tribunal de Contralor.

La falta de recurso humano especializado para realizar auditorías y otras tareas en estas investigaciones es una de las principales falencias del Tribunal por lo cual se demora la resolución de las investigaciones, según apuntaron los vocales Oscar Canizzaro y Garro.

El organismo cuenta con un plantel tres empleados de planta permanente, dos contadores y un asesor letrado contratados, por lo cual habían solicitado en 2009 la creación de una "división de auditoría permanente" para sumar asesores según la necesidad de cada caso, pero fue desestimado por el Ejecutivo.

Las causas

Sólo resta una causa iniciada en 2009 que involucra a la gestión interina de Darío Barriga y la actual, y está relacionada con la contratación fuera de la norma de una empresa de seguridad para el basural denominada Ultravisión quien a su vez traspasa sus funciones a la empresa Mira y cuyas facturas "no aparecen en contaduría".

Este caso está próximo a cerrarse con una instancia final de conclusión a cargo del asesor letrado del organismo en base a la auditoría realizada el año pasado. En esta investigación podrían ser involucrados el ex secretario de Gobierno, Adolfo Fourés, quien realizó por primera vez la contratación sin concurso previo ni intervención del Contralor, y quienes la continuaron en la gestión actual como el ex secretario de Economía, Jorge Temporetti. Quedaría desvinculado el ex secretario de Gobierno del primer año de gestión, Nelson Vigueras, porque consta en el expediente que el funcionario informó de la irregularidad.

Las investigaciones del 2010 ninguna llegó a su resolución. El intendente Cascón está directamente vinculado en la investigación por eximir de contribuciones a la empresa Los Lagos de Bariloche SRL mediante una resolución.

También se investiga la compra de una minicargadora con un proceso licitatorio mal iniciado (que luego se revirtió) donde se tomó declaración al titular de la Unidad Ejecutora de Obras Públicas, Ramiro Varise; quien también está vinculado por firmar disposiciones sin contar con esa potestad entre sus funciones.

Otra causa está relacionada a la contratación de servicios para realizar movimientos en el basural de un proveedor no registrado, quien además realizó una demanda judicial al Municipio por deuda y se acordó un plan de pagos sin dar intervención a la comisión de Transacciones que integran los tres poderes del Estado, en la cual se investiga la actuación del secretario de Economía, Federico Lutz, al igual que la investigación por una cuenta bancaria "oculta" donde se derivaban fondos.

Se suman además la que vincula al asesor letrado, Sergio Dutchmann, se refiere al incumplimiento de la empresa Publicidad Sarmiento de la rescisión de su contrato y la cesión de sus derechos al mismo tiempo a otra empresa.

Otras causas tienen que ver con la falta de provisión de agua potable durante el mes de enero a una vecina; el cobro de canon de la feria artesanal y la modificación del patrimonio histórico al iniciar la instalación de paneles eléctricos; la entrega de subsidios municipales fuera de la normativa; la entrega de subsidios al gremio UPCN quien mantiene una demanda judicial contra el Municipio; y la responsabilidad municipal ante el vertido de efluentes cloacales en el lago Nahuel Huapi.

Además de la resonada investigación por el funcionamiento del Instituto de la Tierra y Vivienda para el Hábitat Social que detectó irregularidades en el uso de fondos públicos, entre otros aspectos. (ADN)