Las empresas desembolsaron u$s 3.500 millones. Son dos mil millones más que los comprometidos. Los datos de la Subsecretaría de Hidrocarburos corresponden al período entre septiembre de 2008 y agosto de 2011.
Según informaron desde la Subsecretaría de Minería e Hidrocarburos de Neuquén, se superaron en 1.984,3 millones de dólares los compromisos asumidos para ese período.
El organismo elevó a la Legislatura provincial el informe con los detalles del segundo cuatrimestre de 2011 de las inversiones correspondientes a la Ley 2615, que prorrogó las concesiones por 10 años.
En el documento se aclara que “en las actas acuerdo los planes de inversiones abarcan períodos que en promedio son de tres años, por lo cual el compromiso asumido al que se hace referencia en el texto debe interpretarse como parcial o provisorio”.
Las inversiones en exploración alcanzaron los 242,8 millones de dólares en el período septiembre de 2008-agosto de 2011. Este monto duplica los compromisos asumidos, de 98,94 millones de dólares.
El trabajo se realizó en base a los informes del segundo cuatrimestre de 2011 presentados por YPF, Total Austral, Petrobras Argentina, Pluspetrol, Apache Energía Argentina, Capex, Pan American Energy, Petrolera Argentina y Tecpetrol.
Desde la Subsecretaría de Hidrocarburos se destacó que “estos informes seguirán siendo trabajados, principalmente continuando con el control en los aspectos de inversiones en activos físicos y erogaciones vinculadas, a través de las verificaciones a campo y del análisis de los datos contables que confirmen los mismos”.
El informe indica que algunas empresas alcanzaron parcialmente las cifras de los compromisos exploratorios que les corresponden. En estos casos, la autoridad de aplicación está gestionando las garantías monetarias de las empresas, tal como se realizó al cierre del año 2010.
Además, se recuerda que cuando el concesionario no pueda cumplir con el compromiso de inversiones correspondiente al año en curso, presentará a la autoridad de aplicación una garantía monetaria y podrá trasladar así sus obligaciones al año siguiente, hasta un máximo acumulado de cinco años. Caducado el plazo, el gobierno podrá ejecutar la garantía contraída a su favor.
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