La identidad biológica de los hijos adoptivos de la dueña de Clarín sigue guardada bajo siete llaves. Tras el fracaso del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que no pudo extraer el ADN de Marcela y Felipe Noble Herrera de objetos íntimos, la jueza federal, Sandra Arroyo Salgado, se dispone a realizar otro allanamiento, para obtener nuevas muestras que le permitan saber si los jóvenes fueron o no apropiados durante la dictadura.

Pero el paradero de los herederos de Ernestina Herrera de Noble es lo que inquieta a la Justicia. Si ellos no están en el país, un allanamiento sería en vano. Según lo que pudo averiguar PERFIL, Marcela partió rumbo a Uruguay en un jet privado el viernes 25 de junio y, hasta ayer a la mañana, no había regresado, según fuentes aerocomerciales consultadas por este diario.

Felipe estuvo fuera de la Argentina durante poco más de una semana: el domingo 6 de junio tomó un vuelo de la empresa Pluna, también con destino a Uruguay, y retornó a Buenos Aires en un avión privado, el lunes 14.

¿Y Ernestina? Se ausentó hace dos meses, salió del país el 3 de mayo. En el entorno de la empresaria, dijeron ayer que su regreso al país es inminente. La dueña de Clarín tiene una casa en Punta del Este y suele viajar con frecuencia. Lo mismo hacen sus hijos. Lo cierto es que la salida del país de los tres generó todo tipo de especulaciones. La que corrió con más fuerza es que la propietaria del multimedio estaba gestionando un asilo político en Estados Unidos, argumentando persecución política, ante la posibilidad de que los análisis en el BNDG dieran que los jóvenes que adoptó fueran hijos de desaparecidos.

“Los K han sugerido que los hermanos quieren irse para evitar un nuevo análisis. Eso no es cierto, están a disposición de la Justicia. Además, si eso fuera cierto, por qué no se fueron antes. Ni siquiera hubieran ido a la audiencia con la jueza”, se atajaron ayer desde el Grupo Clarín. Sobre la salida de la empresaria, afirmaron: “¿Piensan que no sabía en 2002 que la iban a detener? ¿Y por qué no se fue entonces?”.

En plena guerra con el Grupo Clarín, el Gobierno volvió ayer a fogonear el avance de la causa judicial. “Ellos tendrían que permitir el análisis con sólo poner una gota de sangre”, dijo el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en referencia a Marcela y Felipe. Y acusó a la dueña de Clarín de contratar a un ex juez (por Gabriel Cavallo) para “embarrar la cancha”.

En Abuelas de Plaza de Mayo tienen una teoría similar. “Lo que hay es una falta de cooperación manifiesta para que la causa avance de parte de los jóvenes y de su madre”, le dijo a PERFIL el abogado Mariano Gaitán. Según el letrado no existe delito porque ellos son víctimas y no tienen una restricción para salir del país. “Lo que se comprueba es que no hay voluntad de cooperar”, especificó.

Alcira Ríos, que junto a Pablo Llonto patrocina a las dos familias que reclaman la filiación de Marcela y Felipe, consideró que sería muy grave si los dos se ausentaran del país para impedir el allanamiento. “Ahí podríamos iniciar una causa penal por obstrucción de justicia y encubrimiento de un delito de lesa humanidad”, indicó. Aunque aclaró que espera que en este caso “prime la cordura”. Ayer, la jueza federal le pidió a las partes que se pronunciaran sobre el fracaso de los análisis. Ríos requirió que se reitere el allanamiento para hacer una nueva pericia. Arroyo Salgado estudia hacer ese procedimiento el lunes, aunque todo depende del paradero de Marcela y Felipe. El otro abogado de Abuelas, Alan Iud, espera. “Nosotros no confiaríamos en un nuevo allanamiento. Lo que estamos estudiando es pedir que se utilicen las muestras de sangre y el hisopado bucal de Marcela y Felipe que se sacaron en el Cuerpo Médico Forense para obtener el ADN”, finalizó.